Han pasado dos años desde que se resolvió el concurso eólico y el panorama del sector ha cambiado. Y a peor. Tanto que la Asociación Eólica de Galicia, que reúne a las principales empresas del ramo, ve «complicado» que los parques de aerogeneradores previstos se pongan en marcha en los próximos años. De hecho, los promotores están recurriendo al Tribunal Económico Administrativo Central las liquidaciones del impuesto de transmisiones patrimoniales, que grava con 40.000 euros cada megavatio concedido. Es decir, no quieren pagar ese dinero porque «supone un coste fiscal que no se tiene que aplicar, es un error», subraya Íñigo Muniozguren, secretario de la asociación.
La entidad trata de que la Xunta no grave con más tributos a las empresas eólicas, ya perjudicadas por la supresión de las primas que subvencionaban a este sector energético, y para ello intenta hacerle ver las consecuencias: se pararán las inversiones. Pero, de momento, la tramitación de los expedientes autorizados en el concurso sigue su curso. De hecho, si una empresa quisiera abandonar la concesión no podría, salvo que renunciase a recuperar el aval que guarda la Xunta.
La Consellería de Industria, que ha mantenido varias reuniones con el sector, se muestra comprensiva y avanzó que intentará «minimizar» el impacto del tributo.