Guerra dice que están analizando la resolución judicial, que podría obligar a la Administración autonómica a abonar indemnizaciones millonarias a las empresas afectadas
16 oct 2012 . Actualizado a las 07:00 h.La Consellería de Industria estudia el modo en que afrontará la ejecución de la reciente sentencia del Tribunal Supremo que avala la anulación del proceso de adjudicación de 24 parques eólicos en el 2007, durante el Gobierno bipartito PSOE-BNG, dictada con anterioridad por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). El conselleiro de Industria, Javier Guerra, manifestó ayer que están analizando la resolución judicial, que podría obligar a la Administración autonómica a abonar indemnizaciones millonarias a las empresas afectadas. Guerra avanzó que la Xunta tendrá que analizar las peticiones de cada compañía afectada para tratar de alcanzar una solución.
Hace unos días, cuando se dio a conocer la sentencia del Supremo, Javier Guerra reconocía que la resolución podría obligar a la Administración autonómica a abonar «indemnizaciones millonarias, porque esos 24 parques son ilegales; y no lo dice la consellería, lo dice el Supremo», subrayó el conselleiro.
La denunciante
Una empresa de Ponteareas (Pontevedra) que quedó fuera de ese concurso de hace cinco años denunció el proceso. El TSXG le dio la razón, pero la Xunta presentó un recurso de casación y ahora el Supremo ratifica la sentencia contraria a la Administración. Dice que se trató de una convocatoria pública excluyente que vulneró el principio de igualdad y de libre concurrencia, pues se exigía a las empresas que concurriesen que dispusiesen de planes eólicos empresariales. Esto afecta a once empresas y a 24 parques eólicos, siete de ellos ya construidos, que quedan en una situación de incertidumbre. Entre las empresas afectadas por esas adjudicaciones se encuentran las principales que operan en el sector. Las compañías están analizando al detalle la sentencia para decidir si tomarán medidas y de qué tipo para defender las adjudicaciones.
Fuentes de la Asociación Eólica de Galicia explicaron que el sector está preocupado por esta nueva sentencia y por el modo en que se llevará a cabo su ejecución.
Este dictamen judicial es un nuevo varapalo a la actuación de la Administración autonómica en los procesos de adjudicaciones de megavatios eólicos.
En agosto pasado, el TSXG censuró a la Xunta por ordenar la suspensión de los proyectos del gran concurso del bipartito antes de publicar la nueva ley que regularía el sector. Esa convocatoria impulsaba por el anterior Gobierno autónomo fue ya polémica durante su tramitación y la Xunta recibió medio centenar de recursos por defectos jurídicos.
En la actualidad, Industria tramita otro concurso eólico para construir más de un centenar de nuevos parques. La Xunta prevé aprobar en diciembre las primeras instalaciones.