El Gobierno luso dice que el fallo del Constitucional pone en peligro al país
ECONOMÍA
Insinúa que podría no acatar una medida que lo obligaría a elevar el gasto en 1.500 millones. El primer ministro se reunió con el presidente de la República para buscar las posibles salidas legales al varapalo del Constitucional
07 abr 2013 . Actualizado a las 16:52 h.Apenas dos años después de haber pedido el auxilio de sus socios para evitar la quiebra, y pocos días después de que la eurozona lograra apagar el incendio de Chipre, Portugal se enfrenta de nuevo al abismo. La decisión del Tribunal Constitucional de anular la supresión de la paga extra de funcionarios y pensionistas, acordada por el Gobierno del conservador Pedro Passos Coelho, aboca al país a un segundo rescate. Según varios medios lusos, esa fue una de las posibilidades que se sopesaron ayer en la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros convocada por Passos Coelho tras conocer el fallo del Constitucional.
La sentencia, que también declara ilegales los recortes en las prestaciones de desempleo y enfermedad y en los salarios y becas de profesores e investigadores, obligará al Ejecutivo a afrontar gastos de entre 1.300 y 1.500 millones de euros. Una cantidad inasumible, casi el 25 % del ahorro que debe ejecutar este año para cumplir su compromiso de reducir el déficit al 5,5 % del PIB.
Al término del Consejo, en una rueda de prensa en la que leyó un comunicado sin admitir preguntas, el portavoz del Gobierno, Luís Marques Guedes, anunció que Passos se reuniría de inmediato con el presidente de la República, Aníbal Cavaco Silva.
El comunicado fue muy duro con el tribunal, al que el Ejecutivo acusa de no haber tenido en cuenta sus «esfuerzos» para «distribuir de manera igualitaria» los ajustes. El Gobierno «respeta» la decisión de los jueces, pero les advierte de que no está de acuerdo con la lectura de la Constitución que se desprende de la sentencia, e incluso insinúa que podría no acatarla.
El fallo, aseguró el portavoz, pone en peligro el pago de la deuda «y la credibilidad del país», justo en la víspera del vencimiento de varios préstamos que Portugal debe renegociar. Por esa razón, el Ejecutivo se permitió «alertar a los portugueses sobre los efectos negativos» que tendría cumplir el mandato judicial. Desde que el anterior primer ministro, el socialista José Sócrates, anunció en 2011 que había pedido un rescate de 78.000 millones, que luego se elevó a 82.000 millones, los portugueses han sufrido varias oleadas de ajustes. Desde entonces el paro ha crecido un 36 % y el PIB ha caído un 6 % .