Un abogado experto en tramitar concursos textiles administrará el de Caramelo

Gabriel Lemos A CORUÑA / LA VOZ

ECONOMÍA

La sede coruñesa de Caramelo cuenta con 132 trabajadores en nómina.
La sede coruñesa de Caramelo cuenta con 132 trabajadores en nómina. gustavo rivas< / span>

El juez califica el proceso de especial trascendencia, por lo que habrá un segundo gestor, que designará el BBVA

18 abr 2013 . Actualizado a las 07:00 h.

El juez suplente de la Sala de lo Mercantil número 2 de A Coruña, Rafael García Pérez, dictó ayer un auto en el que admite a trámite de forma conjunta los concursos de acreedores solicitados por Caramelo y Caramelo Gestión (la firma propietaria de la textil y cuyo accionariado comparten Manuel Jove, con un 92,5 %, y la Xunta, que a través del fondo de capital riesgo Sodiga posee el 7,5 % restante).

El magistrado califica el concurso de la textil de especial trascendencia, al incurrir en uno de los supuestos previstos en la Ley Mercantil, ya que su plantilla supera los cien trabajadores, puesto que actualmente tiene en nómina a 398 personas, 132 de ellas en la sede coruñesa de la empresa. Como concurso de especial trascendencia serán dos y no uno, como suele ser lo habitual en los procesos ordinarios, los administradores concursales de la empresa. En concreto, el juez ha designado al abogado coruñés Antonio Zamorano, que ya se ha hecho cargo de otros concursos de empresas relevantes del textil gallego, como Kina Fernández.

El segundo administrador del proceso lo designará el BBVA, en calidad de segundo acreedor de la compañía. Se da la circunstancia de que Manuel Jove, accionista mayoritario de Caramelo es también uno de los principales inversores individuales del banco, del que posee un 2,99 % del capital social, tras desprenderse el año pasado del otro 2,01 % que ostentaba, que pasó a manos de la entidad suiza UBS.

Pese a la declaración en concurso de la empresa, la dirección podrá seguir administrando y disponiendo del patrimonio de la misma, al tratarse de un proceso voluntario instado por la propia firma, aunque esta estará intervenida por la administración concursal, que deberá autorizar los gastos.

Solicitud de información

Una vez que el proceso judicial ha echado a andar, se abre el plazo para que los acreedores comiencen a comunicar las deudas pendientes de pago, y para los sindicatos es el momento de que la empresa ponga las cartas encima de la mesa. En ese sentido, desde Comisiones Obreras, sindicatos mayoritario en el comité, explicaron que se pondrán en contacto con la dirección para fijar una reunión en la que solicitarán que se concrete el alcance del ajuste laboral anunciado el lunes.