«Internet ha democratizado el uso de los paraísos fiscales y ahora es un problema sistémico»

En medio del escándalo por el uso masivo de paraísos fiscales, que acaba de costarle la dimisión al hasta hace tres días ministro de Industria, el presidente de los Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), el pontevedrés José Luis Groba, analiza el problema y se muestra esperanzado sobre «el cambio de rumbo» de la cooperación internacional para, «ahora sí», acabar con los territorios offshore, sumideros por los que España pierde unos 10.000 millones anuales en impuestos. «En un año veremos si el gran acuerdo multilateral de intercambio automático de información sobre cuentas financieras funciona o no», subraya.

-Panamá, Mario Conde, los Pujol, la lista Falciani... ¿Cómo se quedan ustedes ante esta cascada de noticias?

-Nosotros denunciamos lo que ocurre con los paraísos fiscales desde 2005. Casi es un alivio ver que, por fin, la gente se empieza a enterar, porque nuestros documentos se leen poco, la verdad.

-¿Qué falla para que el sistema tenga tantas vías de agua para escapar al fisco?

-Falla la voluntad política internacional. No la ha habido, al menos, hasta ahora, que se empiezan a dar cuenta del problema, porque ya es algo sistémico. Todo el mundo utiliza un paraíso fiscal. Internet ha democratizado el uso de estos territorios offshore. Si unos pocos se aprovechan, el sistema lo puede digerir, pero cuando son muchos, no. Ahora cruje toda la estructura porque cualquier famosillo tiene una sociedad en Panamá y ahorradores medianos, que antes ni se lo planteaban, lo hacen.

-Entiendo que se suman entonces la falta de medios con la falta de interés de los Gobiernos sucesivos por ponerle coto...

-Hasta ahora ha habido esa falta de interés. Ahora se empieza a remediar, pero el problema es que, si bien es cierto que a nivel nacional aún se pueden establecer medidas para luchar contra los paraísos, no serían más que parches. La medida tiene que ser a nivel de cooperación internacional. Es la única forma de acabar con los territorios offshore. Si hay una cooperación internacional de todos los Estados, se acaba.

-Eso en cuanto a paraísos, pero para luchar contra el fraude fiscal, en general, ¿qué nos falta?

-Nos faltan medios, está claro. En comparación con otras agencias tributarias europeas somos de las de mayor escasez de medios; y nos faltan competencias, además de que se precisan una serie de modificaciones normativas. Nos faltan esas tres cosas.

-Ustedes elaboraron un documento con más de 200 medidas. ¿Cuáles son las urgentes?

-Sí. Eran 238 medidas. Y ahí están. A corto plazo, las que se podían adoptar son varias, como dotar a la AEAT de competencias policiales, una policía fiscal, como tienen otras agencias tributarias. También reclamamos una Oficina Nacional Antifraude, que no solo tendría inspectores, sino también policías y fiscales, de forma que pudiera llevar a cabo auténticas instrucciones de expedientes, de calado. Eso falta.

-Se ha referido a la falta de competencias también.

-En el ámbito de las competencias reclamamos poder actuar de incógnito. No es normal que aceptemos que la Guardia Civil pueda camuflar sus coches de tráfico y que nosotros siempre tengamos que ir dando la cara, diciendo lo que somos. También poder pagar a confidentes. Eso lo permiten muchos países. Aquí lo tenemos para luchar contra el contrabando, ¿por qué no contra el fraude? Si realmente los escándalos más grandes, a nivel mundial, han surgido de confidentes o de hackers. Es la mejor manera, infiltrase en las redes del fraude. Y para poder disponer de infiltrados hay que pagarles. La verdad es que se pueden hacer muchas cosas, además de incrementar el número de actuarios.

-Volviendo a los escándalos recientes, se han destapado gracias a medios de comunicación. Por la vía de la AEAT solo destaca el caso Rato. ¿Por qué? ¿Porque investigan a quienes declaran y no a quienes no lo hacen? ¿Falla la normativa que lo haga posible?

-Para empezar, nos faltan competencias, medios y normas, herramientas contra ese tipo de fraude. Además, cuando comenzamos a investigar y nos encontramos con indicios de delito, porque se superan los 120.000 euros defraudados, hay que judicializarlo, no podemos seguir actuando, hay que remitirlo a la Fiscalía. Y eso ocurrió en el caso Rato. Y vuelvo a repetir, los inspectores instruimos expedientes en vía administrativa y en vía administrativa no te permiten pinchar un teléfono, tienes que judicializarlo. Nuestro expediente se basa en la prueba documental, pero determinadas conductas o actuaciones necesitan o requieren de medios policiales de los que nosotros carecemos.

-De ahí la necesidad de una policía fiscal...

-Yo la creo fundamental, sí.

-¿Tiene impacto real, más allá del escarnio público, la publicación de la lista de morosos?

-Son medidas que, si bien son correctas en la lucha contra el fraude, no tienen gran calado. Además, la lista habría que completarla mucho y no está previsto hacerlo, porque lo que al moroso le duele no es que aparezca la sociedad tras la que está, sino que se airee su identidad.

-¿Habría que endurecer las sanciones a quienes evaden?

-Hay sanciones que pueden llegar a ser muy duras, hasta el 150 %. Se podrían endurecer y no nos parece mal, pero lo que habría que hacer sobre todo es llevar a cabo medidas normativas, porque al contribuyente, más que la sanción que le pueda caer, le disuade que le puedan pillar.

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