El Congreso fiscalizará la gestión de las cajas desde el 2000 tras el caso Bankia
ECONOMÍA
Todos los grupos respaldan investigar lo que sucedió antes del crac inmobiliario
17 feb 2017 . Actualizado a las 08:44 h.Lo que no fue posible en el 2012, tras el rescate al sistema financiero español, lleva camino de serlo ahora, un lustro más tarde, ya que todos los grupos políticos dicen estar dispuestos a apoyar la creación de una comisión de investigación en el Congreso que depure responsabilidades políticas -poco más, en realidad- y bucee no solo en lo que ocurrió con el hundimiento de Bankia, sino también en la debacle y desaparición del resto de las cajas de ahorros. El pleno del Congreso votará el próximo miércoles la creación de dicha comisión de investigación.
La primera solicitud la registró el pasado enero Unidos Podemos, pero el resto de las formaciones políticas -PSOE, Ciudadanos, ERC y Compromís- han ido presentando después peticiones similares, y todos los grupos, incluyendo al PP, han manifestado ya que respaldarán la constitución del citado órgano.
Y aunque sí parece haber unanimidad en la necesidad de crear la comisión de investigación, mayores discrepancias ha habido a la hora de establecer su alcance, habida cuenta de que todo apunta a que será un ring en el que los dos grandes partidos -PP y PSOE- se acusarán mutuamente de tener la responsabilidad última de la crisis financiera y de los errores cometidos en la gestión del rescate de la banca, con el caso Bankia como epicentro, pero no en solitario.
Eso explica en buena medida que el PSOE quiera ampliar, como anunció ayer su portavoz parlamentario, Antonio Hernando, la investigación hasta la «génesis» de la burbuja inmobiliaria, concretamente en el año 2000, cuando era presidente del Gobierno José María Aznar. «Solicitaremos que la comisión de investigación sobre el sistema financiero vaya de los años 2000 al 2015 para saber por qué y cómo se produjo, y cuáles fueron las consecuencias, con la intención de ser útiles a la sociedad española y al mercado financiero, para que esto no vuelva a ocurrir», apuntó Hernando.
En la práctica, es un intento de defenderse por anticipado de las acusaciones que se le vienen encima, encarnadas en las críticas a la gestión que el Gobierno de Zapatero hizo de la crisis bancaria, con Elena Salgado, ministra de Economía, y Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España, como cabezas visibles del dramático final de las cajas y el milmillonario rescate de Bankia como exponente.
El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, respondió a la pretensión socialista asegurando que su grupo no tiene interés en «cercenar ninguna petición». «No tenemos ningún prejuicio», dijo, pese a que insistió en que lo que habría que analizar es qué ocurrió con el sector bancario, que padeció una crisis global, no exclusiva del modelo español. «También podemos investigar hasta el siglo XIX o las primeras cajas y bancos», ironizó ante la exigencia del PSOE de ampliar el período a 17 años atrás.
El cambio de postura de los populares es radical, ya que en el 2012 impidieron la creación de las comisiones de investigación que solicitó la oposición. La nueva aritmética parlamentaria y su pacto con Ciudadanos están tras ello. No en vano, Albert Rivera volvió a reiterar ayer su exigencia de hacer una investigación «amplia» que incluya el rescate a todas las cajas y no solo a Bankia, ya que «el despilfarro y saqueo ha sido amplio».
Galicia lleva cuatro años empantanada con su propia comisión
Fue a partir del 2011, al consumarse el proceso de bancarización de las cajas de ahorros, cuando en el Parlamento gallego se empezó a entonar el soniquete de la apertura de una comisión de investigación para arrojar luz sobre la desaparición de estas entidades financieras, la comercialización fraudulenta de productos como las participaciones preferentes o las millonarias indemnizaciones percibidas por los directivos.
Finalmente, esa comisión se constituyó en el 2013 y se reservó el mes de julio para sustanciar medio centenar de comparecencias, entre ellas la del presidente Feijoo y la del expresidente Touriño, aparte de los miembros más significados de los consejos de Caixanova y Caixa Galicia. Se reclamaron documentos al Banco de España, a la CNMV o al Ministerio de Economía y algunos que no comparecieron en persona, como Fernández Ordóñez, testificaron dos veces por escrito.
Y pese a haber realizado todo ese trabajo, la comisión de investigación no sirvió para nada, pues no logró establecer un relato de lo ocurrido ni aprobar unas conclusiones. Durante cuatro años estuvo empantanada en el Parlamento, por decisión expresa del grupo mayoritario, el PP, que ahora se ha decidido a reactivarla. Aunque eso está por ver: de momento solo se reunió cinco minutos para pasar lista y nombrar la presidencia.