Archivada una de las causas por créditos inmobiliarios irregulares de Caixa Galicia
ECONOMÍA
La Audiencia Nacional considera prescrita la responsabilidad penal de la cúpula
29 ene 2019 . Actualizado a las 05:00 h.La Audiencia Nacional ha archivado una de las dos causas penales abiertas contra la antigua cúpula de Caixa Galicia por financiar operaciones inmobiliarias irregulares durante el bum del ladrillo. En este caso, el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia, José Luis Calama Teixeira, se ha alineado con la postura de la Fiscalía Anticorrupción y ha acordado archivar el caso contra los exdirectivos de la entidad por considerar que su responsabilidad penal en los hechos investigados está prescita.
De este modo, José Luis Méndez, director general de la extinta caja; Mauro Varela, que fue presidente; y los vicepresidentes Jesús Salvador Fernández Moreda, Alfonso Paz-Andrade y Andrés Fernández-Albalat, no irán al banquillo por la presunta comisión de un delito societario en su modalidad de administración desleal, como sostenía la querella que la Fiscalía presentó en febrero del 2017 y que dio lugar a la apertura de estas diligencias previas.
La querella tuvo su origen en la información que el FROB remitió a Anticorrupción sobre posibles irregularidades de Caixa Galicia en la concesión de financiación a la sociedad Miragolf Playa para una operación inmobiliaria en Alicante: la construcción de un complejo turístico en la localidad de Callosa de Ensarriá.
Dos préstamos por 63 millones
El auto, fechado el pasado 22 de enero, recuerda que los hechos objeto de investigación son dos préstamos hipotecarios concedidos por la entidad gallega en el 2005 a la sociedad mercantil Miragolf Playa, por importe de 17 y 46,6 millones de euros respectivamente y vencimientos únicos en el 2008. Con posterioridad, el FROB estimó en 50 millones el perjuicio económico que la operación supuso para la entidad.
Porque los dos créditos -que tenían prácticamente las mismas fincas como garantía-, en lugar de amortizarse en el plazo previsto, se sometieron a sucesivas novaciones, la última de ellas en el 2012, ya desaparecida Caixa Galicia tras fusionarse con Caixanova en el 2010 para crear una entidad financiera única.
El FROB estimó en 50 millones de euros el perjuicio causado a la caja con la operación Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, el rescate de la caja gallega por parte del Estado y el traspaso de dichos préstamos a la Sareb -el conocido como banco malo- en el 2013, es cuando el FROB advierte irregularidades en las referidas operaciones. Entre ellas, alerta de que en el momento de la novación de los créditos no se hizo una nueva tasación de los bienes dados en garantía, «ni consta que se realizaran gestiones para comprobar su situación urbanística», además de «apreciarse irregularidades en los expedientes de tasación de las fincas dadas en garantía» y de que, pese a que las novaciones ponen de manifiesto la existencia de riesgos, «aun así se procede a la aprobación de la operación».
En el auto, en el que el juez suscribe el informe previo del fiscal Jorge Andújar, se establece el 15 de noviembre del 2010 como fecha de cómputo de la prescripción de los hechos delictivos: el momento de la novación de la escritura de compraventa de dos fincas que la caja recibió como dación en pago de Miragolf por incumplir la devolución pactada.
Dado que la pena máxima aplicable al delito de administración desleal en este caso es de cuatro años, el escrito recuerda que la prescripción se produce a los cinco años «si no se ha dirigido procedimiento contra los culpables». Dicho plazo estaba a punto de cumplirse cuando el FROB presentó la denuncia ante Anticorrupción y ya se había rebasado cuando la Fiscalía se querelló, lo que ha permitido a la cúpula de Caixa Galicia eludir el banquillo en esta ocasión. Cabe recordar que la Audiencia Nacional, en concreto, el juzgado número 3, también investiga otra operación inmobiliaria similar de los exdirectivos, mientras que Paz-Andrade será juzgado por el caso Pescanova.