Ampliada hasta septiembre la moratoria hipotecaria, la del alquiler y la garantía de suministros básicos

El Consejo de Ministros aprobó una medida que facilitará la cesión de suelo público por un período de 75 años a empresas privadas que construyan y gestionen un alquiler social

E. M.
Madrid / Colpisa

Las medidas de protección social aprobadas por el Gobierno al principio de la crisis del coronavirus seguirán activas al menos hasta el 30 de septiembre. El Consejo de Ministros acordó este martes ampliar los plazos para poder acogerse a la moratoria hipotecaria, a la de los alquileres y a las ayudas para garantizar el pago de los recibos de luz, gas y agua hasta el mismo día en el que finaliza la última prórroga de los ERTE.

El vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, señaló la necesidad de equiparar todos esos plazos para «seguir protegiendo a los más vulnerables» en estos meses de verano. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Iglesias destacó que esta decisión se adopta por «justicia social» pero también porque «responde a una necesidad de eficacia económica» para que se pueda sostener la demanda y el consumo. De esta forma, quienes no puedan abonar las cuotas de sus hipotecas, y cumplan con los requisitos establecidos hasta ahora, pueden solicitar la moratoria en el pago de esos préstamos hasta el 29 de septiembre, ampliando en más de dos meses el plazo inicial, que vencía el próximo día 21 de julio. Hasta ahora, se han recibido unas 200.000 solicitudes.

También estará en vigor hasta el 29 de septiembre la posibilidad de acogerse a la moratoria de pagos de los créditos al consumo, una medida que han solicitado más de 360.000 familias.

Por otra parte, se extiende hasta finales de septiembre el plazo para solicitar la prórroga de seis meses, en las mismas condiciones, de los contratos de alquiler que venzan, así como la moratoria en el pago del arrendamiento en el caso de que los propietarios de la vivienda sean fondos de inversión o grandes arrendadores. A estas medidas se añade la paralización de los desahucios de viviendas vigente hasta el 2 de octubre. También se prorroga hasta el 30 de septiembre, el plazo para solicitar ayudas para el pago de recibos básicos como el de la luz. Se trata del bono social (el descuento de hasta el 40 % en el consumo eléctrico) y las ayudas para abonar gas y agua.

Sueldo público para alquiler

El ministro de Agenda Urbana, José Luis Abalos, explicó que el Gobierno aportará suelo público en una fórmula de colaboración con la empresa privada a través de concesiones que pueden durar «hasta 75 años» en función de la necesidad y la ubicación. El pago del canon tendrá que ver con el tipo de alquiler, pero «podrá llegar a ser cero» dependiendo de los precios del arrendamiento, la ubicación y el tipo de vivienda.

«No solo construirán las viviendas, sino que tienen que tramitar los alquileres. Esto permitirá reactivar la economía», señaló Abalos, que destacó que esta medida permitirá ir ampliando el parque de vivienda pública en España, que ahora solo supone el 2,5 % del total (la mitad de la media europea).

20.000 viviendas en alquiler

Con este paso, el Ejecutivo trata de alcanzar su objetivo de poner en el mercado al menos 20.000 viviendas con un alquiler social asequible en el 2030. El plan afecta tanto al suelo propiedad de la Administración central como al de ayuntamientos y comunidades, que podrán fijar los precios y las condiciones de los acuerdos con los promotores privados y que podrán usar el remanente no ejecutado del Plan Estatal de Vivienda para nuevos proyectos de acceso a la vivienda.

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