El Gobierno intentará suavizar el impacto del ERE de CaixaBank

J. M. Camarero MADRID / COLPISA

ECONOMÍA

CAPOTILLO

Nadia Calviño advierte de que tratará de «minimizar» el ajuste de empleo y carga contra los elevados bonus de los ejecutivos

21 abr 2021 . Actualizado a las 20:38 h.

El mayor expediente de regulación de empleo (ERE) de la historia de la banca, el anunciado esta semana por CaixaBank tras absorber Bankia, ha caído como un jarro de agua fría en las filas del Gobierno. La salida de casi 8.300 trabajadores, un 18 % de la plantilla conjunta de ambas entidades fusionadas, ha encendido las alarmas en el seno del Ejecutivo, que cuenta a través del FROB con un 16 % del accionariado de la corporación financiera. Consciente del peso que tiene en el consejo del banco, y del impacto social derivado del ERE, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, trató este miércoles de calmar los ánimos y, de paso, advertir a los banqueros sobre la incongruencia de sus retribuciones ante este tipo de recortes.

Calviño instó tanto a CaixaBank como al conjunto de la banca (entidades como BBVA, Sabadell e Ibercaja tienen previsto acometer ajustes laborales) a «actuar con responsabilidad». El Gobierno va a «seguir indicando, marcando claramente, una línea que, ahora que se abre un proceso de negociación, minimice el impacto negativo sobre el empleo».

Tras asistir a la sesión de control al Gobierno en la Cámara baja, la vicepresidenta aseguró que, ante los retos a los que se enfrenta el sector, el Gobierno ha «venido instando» desde hace tres años a «buscar y trabajar activamente en alternativas» y «hacer todo lo posible» para evitar los despidos.

Pero Calviño quiso dar un paso más al calificar como «inaceptables» los «altos sueldos y bonus pagados a directivos de las entidades». En este sentido, indicó que supone «una preocupación» que el Gobierno ha trasladado durante todo este tiempo tanto a las propias entidades como al Banco de España: «Se trata de unas remuneraciones que no se corresponden en absoluto con la situación económica de nuestro país, y menos aún en entidades que están anunciando fuertes recortes de personal y cierre de oficinas», aseveró.

La gran reestructuración

La responsable económica del Ejecutivo reconoce que el sector financiero «se encuentra inmerso en un proceso de reestructuración» por su «situación de pérdida de rentabilidad», ante «retos» derivados de los bajos tipos de interés, la digitalización o la creciente competencia. Por ello, aseguró que durante estos años han venido «advirtiendo» de la necesidad de «adoptar determinadas medidas para cambiar el rumbo de las entidades y del sector en su conjunto» que «minimizasen el impacto negativo sobre el empleo».

Un volumen superior

El terremoto laboral es de tal envergadura que hasta la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, tuvo que pronunciarse el pasado martes al respecto para asegurar que si no se hubiera realizado la fusión entre ambos grupos «estaríamos hablando de un volumen de trabajadores superior» al planteado inicialmente por la entidad.

Madrid, la comunidad autónoma más afectada, con 1.500 salidas

El que ya se ha convertido en el mayor ERE del sector bancario afectará a prácticamente todas las provincias de España. Eso sí, lo hará de manera muy desigual. De todos los despidos propuestos, hasta 5.742 se aplicarán sobre sucursales y unos 688 se llevarán a cabo en las filiales. Además, otros 1.611 puestos serán recortados en servicios centrales y hasta 250 en direcciones territoriales. Según la información que manejan los sindicatos, Madrid será el territorio que salga más damnificado del proceso de ajuste de plantilla de CaixaBank. Absorberá la mayoría de las salidas: unos 1.500. Le sigue Barcelona, donde la entidad prevé prescindir de unos 595 empleados, una cifra parecida a la de Valencia (528). En Galicia, el número de afectados ascendería a los 90.

La provincia de la comunidad en la que el ajuste alcanzará las mayores cifras será A Coruña (con 39 salidas), mientras que en Pontevedra, el número ascendería a 26. En Ourense, la entidad prescindiría de 17 personas y en Lugo de 8.