Entre las sancionadas por repartirse los contratos de carreteras están Acciona, ACS, OHL, Sacyr, Ferrovial, FCC y la gallega Copasa
20 ago 2021 . Actualizado a las 19:27 h.La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con algo más de 61 millones de euros a doce constructoras —junto con gigantes del sector como ACS, Acciona, OHL, Ferrovial, FCC y Sacyr, está también la gallega Copasa— por repartirse las licitaciones del Ministerio de Fomento para los servicios de conservación y explotación de carreteras entre los años 2014 y 2018.
Según informó ayer Competencia, el cartel formado por estas empresas se hizo con 71 licitaciones del total de 101 que sacó Fomento relacionadas con el mantenimiento y la explotación de la red de carreteras del Estado. El importe total de las adjudicaciones rebasó los 530 millones de euros, lo que supone el 63 % del montante adjudicado por el ministerio para dichos servicios, y «da idea del impacto y alcance de este cartel», subraya la CNMC, destacando que la infracción está considerada como «muy grave».
En lo que respecta a las sanciones, la más abultada le corresponde a API, filial de ACS, con 11,8 millones; seguida de los 8,5 de Matinsa (FCC) y de los 5,8 y los 5,7 de Alvac y Ferroser (Ferrovial) respectivamente. La gallega Copasa asumirá una multa de 5,6 millones, mientras que Sacyr Conservación encaja otra de 5,1.
Completan el listado Elsamex (4,04 millones); Innovia, filial de Copcisa (3,35); Aceinsa (3,21 millones); Elsan (OHL) con 3,02 millones, y Audeca (2,63), mientras que, con 2,33 millones, cierra Acciona Mantenimiento.
Cabe destacar que la multa de Aceinsa quedará reducida a la mitad (1,6 millones en lugar de 3,21) porque aportó elementos de prueba que han permitido a Competencia detectar y acreditar la existencia del cartel. Igualmente, la CNMC destaca que, a diferencia del resto de constructoras que conforman el cartel, a Aceinsa tampoco se le han aplicado circunstancias agravantes ni se le prohibirá —como al resto— contratar con las administraciones públicas.
No podrán contratar con la administración pública
Porque, además de la sanción económica, la penalización por conducta anticompetitiva implica que estas empresas no podrán contratar con las administraciones públicas en un período y alcance que ahora tendrá que determinar la Junta de Contratación del Estado, al que la CNMC notificará la resolución adoptada. En cualquier caso, aún no es firme, ya que las sancionadas disponen de dos meses de plazo para presentar un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional.
Reuniones «para tomar café»
La investigación de Competencia arrancó en octubre del 2017, tras recibir una información anónima. El funcionamiento del cartel —explica la CNMC— se desarrollaba a través de reuniones «para tomar café» y las empresas que formaban parte del mismo «establecían periódicamente los criterios de coordinación de las ofertas económicas a presentar en las licitaciones del Ministerio de Fomento para los servicios de conservación de carreteras de la red de carreteras del Estado».
La trama «agrupaba las diferentes licitaciones en grupos para los que se acordaban unos criterios comunes de presentación de ofertas y asignaba una bolsa de puntos para cada grupo de licitaciones que se iban consumiendo por las empresas en función del nivel de descuentos sobre el presupuesto de contratación». Cuanto mayores fueran las bajas que presentasen en sus respectivas propuestas económicas «más puntos se gastaban, aplicando una fórmula específicamente diseñada por el cartel para cada grupo de contratos».
Con este sistema, dice el regulador, se «incentivaba» a cada empresa a concentrar sus posibilidades de adjudicación «en un número limitado de licitaciones, presentando en las restantes, ofertas con escasas o nulas posibilidades de adjudicación, convirtiéndose así en ofertas de cobertura».
Las investigaciones también confirmaron que estas empresas pactaban también el umbral de descuentos y se comprometían a presentar ofertas en todas las licitaciones de cada grupo, por lo que «podían conseguir» que pujas de empresas ajenas al cartel realmente competitivas «fueran excluidas» del proceso de contratación.
La CNMC ha podido acreditar que el cartel operó entre febrero del 2014 y diciembre del 2018, pero añade que «se han detectado conversaciones» desde el 2009.