Bruselas exige planes de ajuste «plausibles» a países muy endeudados como España
ECONOMÍA
Pone fin a cuatro años de relajación fiscal e insta a retirar las ayudas públicas desplegadas por la crisis energética
08 mar 2023 . Actualizado a las 19:31 h.Se acabó la barra libre de dinero barato del Banco Central Europeo (BCE) y se acabó la manga ancha de la Comisión Europea (CE) con las cuentas públicas. Bruselas está lista para reactivar las normas de disciplina fiscal y este miércoles ha instado a los países a prepararse: en el 2024 empezará el escrutinio. Quienes no cumplan, se exponen a la apertura de expedientes y sanciones.
Los altos niveles de deuda pública acumulada desde la pandemia -en parte heredados de las crisis financiera y de deuda de hace una década- y los desequilibrios en los déficits -brecha entre los ingresos y el gasto de un país-, obligará a las cancillerías europeas a diseñar este 2023 planes específicos para garantizar a medio plazo su sostenibilidad. Fijarán objetivos y Bruselas evaluará si son lo suficientemente ambiciosos.
No serán meros manuales de recortes. Para no repetir los errores del pasado, el Ejecutivo comunitario ha instado a los Gobiernos a alternar medidas de contención del gasto con medidas para aumentar los ingresos, reformas estructurales e inversiones clave financiadas con fondos europeos. El objetivo es encauzar las cuentas sin estrangular el crecimiento, como ocurrió en la última crisis.
Eso sí, no todo valdrá. Se deberá «priorizar el gasto» y «construir colchones fiscales». Esta última fue una petición recurrente en las recomendaciones formuladas al Gobierno español antes de la pandemia. A pesar del sólido crecimiento de la economía española en esos años, el Ejecutivo central no logró aprovechar la recuperación para ajustar las cuentas. Por el contrario, aprobó medidas que aumentaron el gasto público corriente, en contra de las recomendaciones de Bruselas. Un ejemplo claro fue vincular el aumento de las pensiones a la evolución del índice de precios al consumo (IPC).
De ahora en adelante será más difícil tomar medidas de ese tipo si no hay argumentos y datos que avalen su conveniencia. Y es que la Comisión Europea, que formulará recomendaciones fiscales específicas por países en el mes de mayo, pasará revista a los Planes de Estabilidad de cada país. En ellos, los Gobiernos deberán detallar las medidas fiscales que tienen pensado adoptar para reducir de forma «plausible y sostenida» la deuda pública hacia el 60 % del producto interior bruto (PIB) de forma gradual -en España supera el 115 %- y conducir el déficit hacia el umbral máximo el 3 % del PIB. También tendrán que evaluar su impacto.
A la hora de pasar la lupa, Bruselas tendrá en cuenta las «situaciones específicas» de cada país. En otras palabras: las exigencias y el calendario se adaptarán y serán flexibles, teniendo en cuenta la coyuntura social, económica y política de cada Estado miembro. Claro que, una vez que se fije la hoja de ruta de ajuste, cualquier desvío podrá acarrear «sanciones financieras más pequeñas, pero creíbles».
El Ejecutivo comunitario está dispuesto a ser más flexible que en el pasado, pero a no hacer la vista gorda con los incumplimientos. De hecho, como ya anticipó en su propuesta de reforma de noviembre del 2022, también quiere reforzar las «sanciones reputacionales» contra quienes se desvíen de los planes de ajuste, señalando con el dedo a los Gobiernos incumplidores.
A partir de la primavera del 2024, la Comisión quiere volver a activar los procedimientos por déficit excesivo, que obligan a los países a tomar medidas para reducir esa brecha entre ingresos y gastos públicos, limitándola al 3 %. Bruselas no espera un aluvión de expedientes y considera que hay espacio y tiempo suficiente para evitarlo. Confía en que el crecimiento de la economía, la inflación y los planes para priorizar ciertos gastos ayudarán a cuadrar el círculo de las cuentas públicas.
Ayudas «injustificadas y costosas»
El Gobierno español no solo deberá revisar en profundidad las vías por donde se escapa el gasto público en materia de pensiones, también en materia de escudos sociales. La Comisión Europea ve «injustificadas y costosas» las ayudas públicas que están estimulando la demanda y no discriminan entre rentas, con el sobrecoste que eso supone para las arcas públicas: «No pueden continuar de forma indefinida», reza la comunicación que ha hecho pública este miércoles. Quiere que todos los países les pongan fin este mismo año y que, en caso de que tengan que prolongarse porque los precios energéticos se vuelven a disparar, que se acoten a los colectivos más vulnerables. Y es que, según sus cálculos, el 70 % del dinero desembolsado en ayuda públicas no se orientó de forma eficiente y dos tercios de las ayudas distorsionaron las señales de mercado y las propias conductas de consumo. «El apoyo universal ya no está justificado», expresó el comisario de Economía, Paolo Gentiloni. De haber limitado las subvenciones a los hogares más vulnerables, el coste global de los escudos sociales se habría reducido del 1,2 % del PIB al 0,3 %, según los cálculos de los expertos comunitarios.
La posición de Bruselas complica así el objetivo del Gobierno de prolongar el tope al precio del gas en la península ibérica, una medida de intervención temporal del mercado que permitió abaratar las facturas de la luz de los hogares.
«Riesgos graves» en el control de los fondos europeos
La supervisión de los planes de ajuste por parte de la Comisión Europea se sumará a su labor de vigilancia sobre el uso y destino de los fondos de recuperación (Next Generation EU). Una tarea que este miércoels cuestionó el Tribunal de Cuentas Europeo.
Tras evaluar el esquema de seguimiento, el organismo concluyó que Bruselas «no verifica el cumplimiento de las normas al controlar las solicitudes de pago de los Estados miembros». De hecho, avaló el tercer desembolso a España por 6.000 millones de euros a pesar de que el Gobierno mantiene incompleta la reforma de las pensiones, que debía estar lista a finales del 2022.
Los auditores advirtieron de que el incumplimiento de los reglamentos, en aspectos como la contratación pública, las ayudas estatales y las operaciones subvencionables «está muy extendido en otros programas de gasto de la UE» y, por tanto, «constituye un riesgo grave para los intereses financieros de la Unión».
También han criticado al Ejecutivo comunitario por no elaborar directrices sobre cómo determinar si se han revertido hitos o reformas vinculados a los fondos y cómo recuperar ese dinero.
