El Gobierno lanza otro plan anticrisis de 9.000 millones a un mes de los comicios

En plena precampaña electoral y a un mes de la cita con las urnas, el Consejo de Ministros dio este martes luz verde a la prórroga del plan anticrisis puesto en marcha hace más de un año, con el objetivo de paliar el impacto de la guerra de Ucrania en el bolsillo de la ciudadanía, debido a los precios disparados de los alimentos y la energía. De este modo, el Gobierno ha aprobado el séptimo paquete de medidas (el anterior expiraba el 30 de junio), que se aplicarán en la segunda mitad del año para —según señaló la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño— «seguir respondiendo con eficacia al impacto de la guerra».

Esta nueva batería de actuaciones, que incluye tanto la prórroga de medidas ya en vigor como la aprobación de otras nuevas, moviliza 3.800 millones de euros adicionales, aunque el impacto total —teniendo en cuenta las ayudas totales, con las rebajas de impuestos y las bonificaciones—, es de casi 9.000 millones para la segunda mitad del año.

Más de 47.000 millones

«En total, los siete paquetes aprobados movilizan más de 47.000 millones de euros en respuesta al impacto de la guerra», destacó Calviño durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Entre las iniciativas que seguirán aplicándose otros seis meses, tal y como recoge el nuevo decreto ley aprobado, está el mantenimiento de la supresión del IVA de los alimentos básicos, como el pan, la leche la harina, la fruta, la verdura, las hortalizas o los cereales; así como la rebaja del 10 al 5 % para otros productos indispensables, como el aceite o la pasta.

También se mantiene la reducción del precio de los abonos y títulos multiviaje para el transporte público, para aliviar el gasto de los hogares debido a la inflación y, a la vez, fomentar la movilidad sostenible. Esta prórroga se suma al descuento en los servicios de Cercanías y media distancia de Renfe, que ya se extendía a la totalidad de este año.

Además, el Gobierno seguirá bonificando con un 30 % el transporte público del resto de administraciones siempre que estas se comprometan a aumentar este descuento hasta el 50 %.

Igualmente los transportistas, los agricultores, ganaderos y pescadores, que usan gasoil para su actividad profesional, continuarán manteniendo la bonificación en el precio del litro, que pasará a ser de 10 céntimos por litro hasta el 30 de septiembre y de la mitad hasta que acabe el año.

Impulso al coche eléctrico

El Consejo de Ministros ha aprobado igualmente una nueva medida para impulsar el despegue de la compra de vehículos eléctricos, con cuyo uso se pretende avanzar en la lucha contra el cambio climático. En concreto, se ha dado luz verde a una nueva desgravación del 15 % en el IRPF aplicable por la compra de un coche eléctrico, que podrá llegar a un máximo de 20.000 euros.

En relación con el apoyo a la electrificación del parque automovilístico español, el decreto del Ejecutivo incluye igualmente una batería de facilidades con la que busca incrementar la instalación de estaciones de recarga para estos vehículos eléctricos.

También es nueva la ampliación de seis meses para que las empresas de renovables puedan iniciar la construcción de sus parques eólicos y fotovoltaicos.

Aunque no está relacionado con la crisis inflacionista desatada por la invasión rusa de Ucrania, el Gobierno también ha aprovechado para aprobar una modificación para «introducir limitaciones vinculadas a criterios medioambientales» en la regulación del sector del taxi y las VTC. La medida, por la que el Ejecutivo declara al taxi como servicio de interés público y habilita a las comunidades autónomas para limitar las VTC, responde a la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en la que la Corte de Luxemburgo censuraba la regulación desarrollada hasta el momento por el Ejecutivo, que limitaba la proliferación de las licencias VTC.

El fin de la prórroga automática de los contratos que congelaba el alquiler desata la indignación de Sumar

La tensión entre los socios de coalición en la revisión de las medidas anticrisis se ha dejado notar, una vez más, y sobre todo, en materia de vivienda.

Así, y si bien al final se extiende la prohibición de los desahucios a vulnerables sin alternativa habitacional; el ala socialista del Ejecutivo, con la ministra Nadia Calviño a la cabeza, ha impuesto su criterio frente a la pretensión de Unidas Podemos de extender también la congelación del precio de los alquileres, que ha estado en vigor en el primer semestre. Es decir, los propietarios podrán cambiar ya sus condiciones en el momento de firmar una renovación.

Seguirá vigente la limitación del 2 % en la actualización anual de los arrendamientos ligados al IPC. No así la prórroga extraordinaria de seis meses a la que desde marzo del 2020 podían acogerse los inquilinos a los que se les acababa el contrato de alquiler, que dejará de existir el 30 de junio. Su extensión, que reclamaba Unidas Podemos habría permitido mantener los mismos términos y condiciones en vigor hasta final de año.

Una caducidad, esta, que no ha gustado precisamente en el área de Sumar. Ya el lunes, la líder de la nueva formación, Yolanda Díaz, señaló que había discrepancias con el PSOE para prorrogar esta medida. A juicio de la todavía vicepresidenta segunda, estas medidas son claves porque lo necesitan «muchas personas que viven con un alquiler». Por su parte, la portavoz de vivienda de Sumar y coportavoz de Podemos, Alejandra Jacinto, aseguró ayer que esta decisión «causará estragos en miles de personas que viven de alquiler». «Indignante es poco», apostilló la que también fue candidata de Unidas Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. También se pronunció el líder de Más País y número 4 por Madrid de Sumar, Íñigo Errejón, quien ve «incomprensible» que el ala socialista del Gobierno «decida priorizar la especulación por encima del derecho a la vivienda». Incluso advirtió de una posible desmovilización del electorado de izquierdas en las elecciones generales del 23 de julio.

Escrivá retrasa al año que viene la cotización de los becarios

No solo las decisiones en materia de vivienda han provocado malestar y críticas al Gobierno. También lo ha hecho la decisión de que los becarios no empiecen a cotizar a la Seguridad Social hasta enero del 2024. El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, da marcha atrás y, ante la petición unánime por parte de las empresas y universidades, ha accedido a retrasar la medida que incluyó en la recientemente aprobada última fase de la reforma de las pensiones, para que a partir del 1 de octubre de este año todos los alumnos que realicen prácticas formativas o prácticas académicas externas incluidas en programas de formación se incluyan ya en el sistema de Seguridad Social. Así se ha recogido en el decreto ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros.

Los rectores de las universidades españolas han llevado a cabo en estas últimas semanas una campaña de presión al Gobierno para que les diera una moratoria en esta obligación de cotizar por todos los becarios en prácticas y también han mostrado su oposición al Estatuto del Becario, tras el acuerdo alcanzado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, con los sindicatos, aunque no parece probable que vaya a ver la luz esta legislatura.

El motivo que aduce el departamento de Escrivá es «dar más tiempo» a los centros para adaptarse, ya que —según denuncia la Red de Fundaciones Universidad-Empresa— más de 1,1 millones de estudiantes universitarios y de formación profesional podrían quedarse sin prácticas y no acabar su formación si entra en vigor citado estatuto.

Diez euros al mes

Sin embargo, esta moratoria ha generado un profundo rechazo en los sindicatos, que cargaron contra el Gobierno por «poner en riesgo» los derechos de los jóvenes y denunciaron el «inaceptable incumplimiento» de los compromisos adquiridos en el seno del diálogo social.

Además, el coste de la cotización de los becarios para las empresas o centros públicos donde realicen las prácticas es muy pequeño, ya que el Gobierno las bonifica en un 95 % para los estudiantes en prácticas remuneradas y al 97 % para quienes no cobran por realizar este trabajo. Significa, por tanto, cotizaciones inferiores a los 10 euros al mes. Por otra parte, el Gobierno también amplió de dos a cinco años los convenios especiales para computar como cotizadas prácticas de períodos anteriores.

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