El documento incorporará una hoja de ruta con medidas a corto, medio y largo plazo para modernizar empresas con criterios de rentabilidad y sostenibilidad
26 oct 2023 . Actualizado a las 09:02 h.El convenio para elaborar el Plan Estratéxico da Industria Forestal-Madeira, aprobado por el Consello de la Xunta el pasado mes de septiembre, cuenta desde ayer con la rúbrica del departamento autonómico implicado en su elaboración, la Consellería do Medio Rural, y del sector al que va dirigido, ya que este plan nace de la colaboración entre la Xunta, el Clúster da Madeira e Deseño de Galicia, la Asociación Provincial de Empresarios de Primera Transformación de la provincia de Lugo y la Federación Empresarial de Aserraderos.
Este plan tiene como objetivo elaborar una hoja de ruta adaptada a la realidad de este sector, arbitrando medidas a corto, medio y lago plazo para su modernización, atendiendo a los criterios de sostenibilidad medioambiental que exige la legislación comunitaria «e favorecendo unha industria forestal máis innovadora, competitiva e dixitalizada», según resalta Medio Rural. El convenio para disponer de este documento marco estará en vigor hasta el 2024, con un presupuesto de 150.000 euros, aportados por las entidades firmantes, que representan al 95 % del sector. De hecho, tras la firma del convenio, el clúster de la madera reconocía que este acuerdo era una «demanda histórica». Su desarrollo «redundará no emprego industrial de Galicia e nas familias que viven deste sector, xa que a comunidade conta cunha superficie forestal de 1,5 millóns de hectáreas e cunha actividade que xera oportunidades e valor», añade la Administración autonómica.
El futuro plan estratégico deberá garantizar una oferta estable de productos y permitir la óptima convivencia con las necesidades de las empresas, que podrán disponer de materia prima con el necesario respeto y cuidado de los espacios naturales. La fórmula para conseguirlo será mediante una planificación y gestión de los espacios forestales. Identificar los nichos de investigación y desarrollo del sector, apostar por la formación y la transferencia del conocimiento para consolidar el tejido empresarial del monte y la madera, fomentar la colaboración y crear mecanismos de cohesión para fortalecer la actividad forestal son otros de los objetivos de este plan. Por sí mismos, los datos económicos de este sector justifican la importancia de que disponga de un plan estratégico, ya que la facturación de los subsectores que lo conforman asciende a 2.578 millones de euros, lo que supone un 29 % más que el importe estimado para el 2020 y es el máximo histórico desde el 2006.
En paralelo a la redacción de este plan, la Xunta incorpora en los presupuestos del 2024 una partida de once millones de euros para financiar inversiones en tecnologías forestales para fomentar la competitividad del sector. Además, y como forma de apoyo directo, a partir del año próximo, un porcentaje mínimo de las edificaciones públicas promovidas por cualquier departamento de la Xunta deberá utilizar madera en su estructura.
En la firma del convenio participaron el conselleiro de Medio Rural, José González; el director de la Axencia Galega da Industria Forestal, Jacobo Aboal; el director xeral de Planificación y Ordenación Forestal, José Luis Chan; el presidente del Clúster da Madeira e do Deseño (CMD), José Manuel Iglesias; el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Primera Transformación de la Madera de Lugo, Daniel Díaz; y el presidente de la Federación Empresarial de Aserraderos y Rematantes de Madera de Galicia, Elier Ojea. El convenio para la redacción de este documento marco implica también la constitución de una comisión de seguimiento, «con el fin de alcanzar una mayor eficacia y operatividad en las relaciones entre las diferentes entidades», según señala el sector.
Comunidad pionera
Además de rubricar el convenio, el conselleiro de Medio Rural, Xosé González anunció que en próximas semanas se tramitará el decreto que regula el mercado voluntario de créditos de carbono, facilitando el contacto entre empresas que necesiten adquirir derechos de emisiones contaminantes y aquellas que no necesitan todos los derechos que les corresponden. Cuando esta herramienta esté lista, Galicia será la primera comunidad en disponer de estos créditos.