La Comisión Europea lanza un ultimátum por la prórroga ilegal de concesión de la AP-9

El Gobierno tiene dos meses por delante para negociar con la Comisión Europea una salida que no termine con el Estado español ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la prórroga ilegal de la concesión de la AP-9. La Comisión Europea envió ayer al Ejecutivo un dictamen motivado donde certifica que el Gobierno de José María Aznar incumplió, en el año 2000, las normas europeas tras ampliar la concesión «sin convocar procedimientos de licitación previos ni publicar un aviso» en el Diario Oficial de la UE, como requiere la legislación comunitaria. Es el tercer y último aviso desde Bruselas antes de acudir al TJUE. En la práctica, según fuentes conocedoras del litigio, supondrá el rescate de la concesión o la tramitación de una nueva licitación para asumir la gestión del vial, en manos de Audasa hasta el 2048.

Este dictamen es respuesta a la denuncia que presentó en el 2019 la asociación de consumidores En Colectivo, que lleva años luchando contra la prórroga aprobada por Aznar. En el 2021, la Comisión ya advirtió a España de haber incumplido la legislación europea. «El objetivo que perseguimos de una autopista gratis está cada vez más cerca», subraya Diego Maraña, presidente de la entidad de usuarios, quien ayer celebraba la comunicación de la Comisión Europea: «Lo importante es que la ampliación incumplió la normativa comunitaria, es ilegal y, por tanto, no puede seguir cobrando peajes».

«Esto es un respaldo rotundo a nuestro trabajo. Bruselas nos da la razón: lo que se hizo con la AP-9 fue un escándalo jurídico que llevamos pagando los gallegos más de 40 años», añade Maraña. Desde la asociación esperan que este sea el paso definitivo para conseguir que finalice el cobro de los peajes y de lograr una autopista gratuita, como ya sucede en otras comunidades, como Cataluña o Valencia.

El Gobierno «agotará» las vías

Fuentes del Ministerio de Transportes recuerdan que esta fase «no supone el final del procedimiento ni la eliminación de las prórrogas», ya que el Gobierno dispone de dos meses para responder y adoptar las medidas necesarias. De lo contrario, la Comisión podrá elevar la causa ante el TJUE. «Analizaremos la resolución y agotaremos las opciones de respuesta además de la posibilidad, llegado el caso, de interponer los correspondientes recursos», indican desde el Ejecutivo, que recuerda que la prórroga hasta el 2048 fue aprobada en el año 2000 bajo la presidencia de José María Aznar: «Si estamos en esta situación, por tanto, es responsabilidad de los gobiernos del Partido Popular».

El ministerio también avanza que se colaborará plenamente con Bruselas «por responsabilidad y para velar por el interés común». En paralelo, el departamento dirigido por Óscar Puente reivindica sus políticas de movilidad, destacando la bonificación del 100 % del peaje de retorno para vehículos ligeros, siempre que realicen sus trayectos de ida y vuelta en 24 horas. Entre 2018 y junio de este año, se estima que las bonificaciones han supuesto un ahorro de 375 millones de euros para los usuarios.

Equivalente a nuevos contratos

La AP-9 está gestionada por la empresa privada Audasa, que se encuentra dentro del Grupo Itínere, de gestión de infraestructuras. La entidad cuenta con la concesión de la autopista hasta el 2048, tras ser esta prorrogada en tres ocasiones, la primera de ellas en 1977, con la UCD en el Gobierno. Las dos posteriores fueron en la última legislatura del socialista Felipe González, en 1994, y ya con Aznar en el 2000. En esta última, España extendió la concesión a la AP-9 por 25 años y después vendió la concesionaria sin abrir un proceso de licitación ni publicitarlo según la directiva europea vigente en ese momento. Según la Comisión, tales pórrogas constituyen modificaciones sustanciales que equivalen a la adjudicación de nuevos contratos de concesión y, por tanto, requieren un procedimiento de licitación competitivo.

Transportes elevó hace un año a 6.000 millones el coste de rescatar la infraestructura

El Gobierno ha estado pendiente de Bruselas durante los últimos tiempos para decidir sobre el futuro de la autopista que vertebra el eje atlántico gallego. A pesar de que el Parlamento gallego aprobó por unanimidad la transferencia de la AP-9 a Galicia en varias ocasiones, la mesa del Congreso aplazó el debate en 38 ocasiones durante el último año y medio. El Ejecutivo tiene dos meses para negociar una salida que no aboque al TJUE, que no solo podría sancionarlo con multas que supongan varias decenas de miles de euros al día, sino a revocar la concesión a Audasa con la consiguiente compensación económica.

Hace un año, el ministro de Transportes, Óscar Puente, expuso en Lugo que el rescate de la autopista requerirá desembolsar 6.000 millones de euros. «Transferir la competencia de la AP-9 tiene un coste de entre 1.260 y 2.600 millones, y rescatarla costaría 4.000 millones. El ministerio de Transportes no puede asumir 6.000 millones, pero si alguien pone el dinero y nos dice de dónde sale, nosotros encantados de rescatarla y de transferirla», ironizó.

Audasa ganó el año pasado 90,2 millones gracias al pago de peajes y a las subvenciones del Estado para bonificar a los usuarios. Ese beneficio supone un 9 % más que el año anterior, según las cuentas que acaba de depositar en la CNMV. La empresa forma parte del grupo Itínere, cuyos principales accionistas un fondo de pensiones holandés.

La Xunta celebra la «excelente oportunidade» para «acometer xa o rescate» de la autopista

El Gobierno gallego recibió ayer la noticia sobre el dictamen motivado de la Comisión Europea que declara ilegal la prórroga a la concesión de la AP-9 como una «excelente oportunidade» para «acometer xa o rescate» de la autopista. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, lamentó la «falta de transparencia do Goberno central», al que reprochó que no compartiese la información solicitada por la Xunta sobre la documentación remitida por Bruselas, y exhortó al Ejecutivo central a «que sexa valente» para ejecutar la anulación de la concesión.

Comparó el caso con el rescate de los peajes en sombra (en la que los usuarios no pagan, pero sí lo hace la Administración) de cuatro autovías autonómicas, anunciado en otoño del año pasado, y que supone un desembolso de 300 millones de euros.

«É a nosa infraestructura, que vertebra a nosa comunidade autónoma», valoró la conselleira, que instó a la Xunta a dejar de «engordar as arcas da concesionaria e menguar os petos dos usuarios».

Martínez Allegue recordó que la Xunta remitió «varias veces» al Gobierno central los estudios económicos elaborados por la Administración autonómica, y que valoran el rescate «nuns 2.400 millóns de euros». «Equivalente as bonificacións que está a asumir agora mesmo o Goberno central ata o remate das concesións», cifró. El informe del Gobierno gallego, elaborado por la consultora Eptisa, estima que el sobrecoste de traspasar la autopista sería de 526 millones sobre el montante de 1.149 millones que ya se van a pagar hasta 2048 —año en el que finaliza la concesión a Audasa-— con el mantenimiento de las bonificaciones que hay ahora en vigor. En total, unos 1.676 millones.

El estudio contemplaba tres escenarios posibles para la AP-9: la transferencia de titularidad, que no llevaría aparejado un coste a mayores; la transferencia junto con nuevos descuentos, que lo subiría en los 526,5 millones ya mencionados; y la finalización de la concesión. El documento calcula que el pago de rescate, con efectos a 31 de diciembre del 2024, se situaría entre los 1.612 y los 2.355 millones.

Para calcularlo, su estudio suma el pago de la indemnización a Audasa y los costes derivados de la eliminación de las cabinas de peaje y de la conservación y explotación de la autopista hasta 2048. A esto le resta, porque se ahorrarían, los 1.149 millones que se dejarían de pagar en bonificaciones en todo este tiempo.

El PSdeG dice que se acerca la hora de «levantar a inxusta condena do PP»

El eurodiputado del PSdeG, Nicolás González Casares, interpretó este jueves que el dictamen de la Comisión Europea «achega a hora» de levantar «a inxusta condena que o PP impuxo a Galicia coa AP-9». En un comunicado, el europarlamentario advirtió que no se trata «dun trámite burocrático cualquera», sino que aborda la situación de «unha una estafa democrática que obligaba aos galegos e galegas a pagar peaxes abusivas ata o 2048, sen opción a competencia nin a unha xestión transparente». «Bruxelas entende que levamos décadas pagando un prezo político e económico por decisións contrarias ao dereito europeo», añadió.

La diputada en el Congreso Patricia Otero, también a través de un comunicado, consideró que «a posible ilegalidade daquela prórroga» podría abrir la puerta a una solución «máis xusta e menos gravosa para o conxunto do Estado». Otero aseguró que la decisión definitiva de la Comisión Europea será fundamental para determinar el coste del rescate. Entre tanto, continuó, el Gobierno mantendrá la apuesta del camino hacia la gratuidad con bonificaciones a las tarifas de los peajes.

Pontón insta al Gobierno a aprovechar el dictamen de la Comisión y «acabar coa estafa da AP-9»

 

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, celebró el dictamen de la Comisión Europea que declara ilegal la prórroga aprobada por el Gobierno de José María Aznar que permite a la empresa Audasa seguir cobrando peajes durante los próximos 23 años. «Supón unha oportunidade para que o Goberno rescate a autoestrada e teñamos unha AP-9 libre da estafa das peaxes en lugar de estar pagandoa ata o 2048», resaltó la líder nacionalista, que insta al Ejecutivo central a «aproveitar esta porta legal» abierta por las instituciones europeas para proceder a la recuperación de la titularidad de la autopista y la eliminación de los peajes.

Pontón recordó que la ampliación de la concesión se produjo con Aznar como presidente, que procedió a privatizar la infraestructura «a prezo de saldo». «De non ser por esa decisión, hoxe estariamos circulando por unha AP-9 libre de peaxes», razonó. La dirigente nacionalista consideró «urxente» que el Gobierno «tome nota» de la decisión de la Comisión, «deixe de marear a perdiz» y cumpla con la ley para que «se faga xustiza coa AP-9».

La líder del Bloque también reclamó al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que apoye la demanda de su organización y se ponga «do lado de Galiza por unha vez». También exhorta al titular del Gobierno gallego que se disculpe «pola estafa propiciada polo Goberno do Partido Popular». «Ademáis dunha aldraxe é unha ilegalidade e é o momento de cambialo», concluyó.

La portavoz nacional del BNG recordó el estudio encargado por los nacionalistas a la Universidade da Coruña, presentado el pasado verano, en el que se cifraba el coste del rescate de la AP-9 en 904,7 millones de euros, su coste de mercado. Según interpreta, el dictamen de la Comisión «certifica» las conclusiones del informe: «Ao ser unha concesión ilegal non hai que pagar lucro cesante». Pontón insistió en pedir «vontade política» para «acabar con discriminación e estafa pola que miles de galegos teñen que pagar cada día».

Sumar Galicia pide «valentía» al Ejecutivo para «recuperar para o público» la titularidad

Movemento Sumar Galicia reclamó al Gobierno a cumplir con las normas europeas en materia de contratos de concesión de autopistas tras detectar irregularidades en la prórroga de la concesión de la AP-9. En un comunicado, la formación de la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pidió «valentía» para «recuperar para lo público» esta infraestructura. La formación considera que recuperar la AP-9 «é unha cuestión de xustiza social, eficiencia económica e dignidade democrática», dado que es «inadmisible seguir pagando bonificacións públicas para compensar unhas peaxes abusivas». También acusa al PP de «corrupción política» al prorrogar la concesión por 25 años para lograr una «venta futura máis rentable».

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