Díaz se opone a los recortes propuestos por Calviño y defiende subir la prestación a los 660 euros los primeros seis meses desde los 480 actuales
30 nov 2023 . Actualizado a las 19:29 h.Guerra abierta como nunca antes. La paz entre las diferentes sensibilidades —PSOE y Sumar— que conviven en el seno del Gobierno apenas ha durado una semana. Si en la pasada legislatura la reforma laboral o la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) fueron algunas de las batallas que enfrentaron a las vicepresidentas primera y segunda —Nadia Calviño y Yolanda Díaz, ministras de Economía y Trabajo respectivamente—, en el recién estrenado período legislativo la primera carga de profundidad es la reforma del subsidio de desempleo, comprometido con Bruselas en el hito 23 del plan de recuperación.
Con una Calviño con los ojos puestos en el Banco Europeo de Inversiones, casi haciendo las maletas, y una Díaz que se siente más legitimada y fuerte, la segunda no tiene intención alguna de asumir los recortes que plantea la primera en el subsidio, una materia netamente laboral.
Así, frente a aplicar una cuantía progresivamente menguante en la prestación, con el argumento de incentivar la búsqueda activa de empleo, o rebajar el período máximo de cobro, el Ministerio de Trabajo reivindica sus competencias y propone un rediseño frontalmente opuesto.
En concreto, el departamento de Díaz, que ayer insistió en que lleva trabajando en el tema desde el verano del 2021, quiere ampliar el subsidio de desempleo, que es la prestación asistencial que perciben los trabajadores que han agotado el paro o que no pueden acceder a él.
Y quiere ampliarlo tanto en lo que respecta a los colectivos beneficiarios como en su cuantía. En este sentido, como ya avanzó el miércoles, lo extenderá a los menores de 45 años sin cargas familiares (unos 152.000 beneficiarios adicionales) que hasta ahora estaban excluidos, y también a todos los trabajadores eventuales de España (no solo los de Extremadura y Andalucía), con lo que se sumarían otros 250.000 más y se superaría ampliamente el millón de beneficiarios.
Hasta los 660 euros al mes
Igualmente se introducirá la progresividad en el cobro de la prestación, pero, a diferencia de lo que propuso Economía, Trabajo quiere elevar la cuantía en los seis primeros meses hasta el 110 % del indicador público de renta de efectos múltiples (Iprem), lo que se traduce en 660 euros mensuales. Los seis meses siguientes cobrarán el 90 % del Iprem, es decir, 550 euros, para completar los 30 meses máximos de la prestación con el 80 %, los 480 euros que se perciben actualmente.
Además, se suprimirá el mes de carencia actual, de modo que el subsidio se cobrará desde el primer día en el que se solicite y —también como novedad— podrá compatibilizarse durante los primeros 45 días con un empleo, eliminando así «presiones de cualquier tipo», como la corta duración del contrato, la no capacitación para el trabajo o la insuficiencia del salario. «Ya no habrá miedo a perder la prestación y se cobrará en su integridad esos 45 días», indicaron fuentes de Trabajo, que cargaron contra el tópico de que quien tiene una prestación no quiere buscar empleo. «No es cierto. De hecho, el 80 % de los beneficiarios no agotan el subsidio y el 56 % salen porque encuentran trabajo o se jubilan», esgrimieron.
Desde el Ministerio de Trabajo insisten en que su planteamiento difiere de los «recortes» propuestos por Economía: rebajar de 30 a 12 meses la ayuda y que su cuantía sea decreciente, más elevada los primeros meses. «Este ministerio no va a autorizar ningún recorte», volvieron a subrayar este jueves, asegurando que la media de la cuantía que propone el departamento de Calviño sí rebaja los 480 euros actuales, aunque los eleve en un primer momento.
Diferencias «ideológicas»
Las críticas de Díaz nunca habían sido tan directas y beligerantes. Trabajo habla de «diferencias ideológicas» e incluso de «neoliberalismo» en los planteamientos de Economía, que consideran no difieren de los que defienden formaciones de derechas, con el estereotipo de que quienes cobran el subsidio trabajan en la economía sumergida. «En el 2022 hubo 1,8 millones de altas en el subsidio y el 63 % fueron reanudaciones, es decir, que habían vuelto a trabajar después de percibirlo», esgrimieron desde el ministerio.
Por su parte, ayer Calviño —de viaje en Nueva York— trató de enfriar los ánimos y envió un mensaje aparentemente conciliador, asegurando que el Gobierno está «absolutamente alineado» en una sola dirección, la de avanzar en el pleno empleo efectivo».
Para la vicepresidenta primera, la filosofía que debe guiar esa prestación supone «pasar de subsidiar el paro a apoyar el empleo, hacer que aflore la economía sumergida, mejorar el funcionamiento de los servicios de empleo, mejorar la formación y recualificación de los trabajadores y avanzar hacia el pleno empleo».
Su planteamiento, sin embargo, choca con el de Trabajo, que rechaza que el subsidio de desempleo desincentive —como señala Calviño— la búsqueda de trabajo y se niega a permitir que se «castigue» con recortes a los beneficiarios. Insisten en que el subsidio está orientado a la búsqueda de empleo y que solo si se agota sin haberlo logrado «se facilitará que transiten al ingreso mínimo vital», que ya es una ayuda de naturaleza social.