Plusvalía municipal: los contribuyentes podrán reclamar la devolución de lo pagado si los terrenos no aumentaron de valor
ECONOMÍA
El Tribunal Supremo abre la puerta a recuperar el dinero con intereses aunque la liquidación del impuesto municipal sea firme
04 mar 2024 . Actualizado a las 16:49 h.El Tribunal Supremo ha dictaminado en una sentencia fechada el pasado 28 de febrero que los contribuyentes que se vieron obligados a pagar por la plusvalía municipal podrán reclamar las cantidades cobradas por los ayuntamientos de forma indebida -si no hubo un incremento del valor del terreno- aunque la liquidación del impuesto sea firme.
El juez Rafael Toledano Cantero, ponente del fallo, esclarece así las dudas que existían sobre qué hacer con ellas, pues no existe en la Ley General Tributaria ningún cauce legal para revisarlas de oficio, aún cuando el Tribunal Constitucional declaró ilegales algunas normas del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), en su sentencia 59/2017 del 11 de mayo del 2017.
Hasta ahora, los jueces se inclinaban por rechazar las reclamaciones de revisión y devolución, pero en esta sentencia reciente el magistrado Toledano revisa la jurisprudencia y concluye que, al no existir ninguna limitación de los efectos de la declaración de inconstitucionalidad, las liquidaciones firmes por plusvalía que obligaron a pagar a los contribuyentes aún cuando no existió un incremento del valor de los terrenos «son nulas de pleno derecho», aclara el tribunal en un comunicado, en el que se recuerda que la propia Constitución Española exige limitar «al máximo posible» las repercusiones de una ley inconstitucional.
Teniendo en cuenta que la aplicación del impuesto de manera irregular supuso «una carga tributaria allí donde no había existido ningún aumento de valor ni riqueza que pudiera ser sometida a tributación», el juez determina que se ha vulnerado el principio de capacidad económica y la prohibición de confiscatoriedad que contempla el artículo 31.1 de la Constitución. En este caso, la norma suprema exige que se dejen sin efecto «en todo cuanto sea posible» esas decisiones que se tomaron fruto de la aplicación de una ley inconstitucional.
En contra de lo que venían defendiendo los jueces, Toledano aclara que el artículo 217.1.g) de la Ley General Tributaria sí permite la revisión de oficio de estas liquidaciones firmes cuando no ha existido un incremento del valor de los terrenos.
Aunque no se mencione de forma explícita qué hacer en estos casos ni menciona su nulidad, «la propia Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional permiten calificar de nulas estas liquidaciones, y que este conjunto de normas constitucionales habilitan para acudir a la revisión de oficio y solicitar de los Ayuntamientos la devolución del importe pagado por tales liquidaciones, con los intereses correspondientes».
El Supremo se pronuncia así tras revisar el caso que enfrentó al Banco Santander y el Ayuntamiento de Valencia por el pago de 8.869,01 euros vinculado al impuesto de plusvalía municipal. El consistorio giró la liquidación a la entidad financiera el 7 de octubre del 2016 después de que esta vendiera en el 2016 un inmueble en la urbe por 440.000 euros. El bajo en cuestión le había costado 1,1 millones de euros en el 2007, por lo que no había existido ningún tipo de plusvalía. A pesar de no estar conforme, la liquidación se hizo firme.
Tras la sentencia de inconstitucionalidad del 2017, el Santander exigió la devolución de oficio de la cuantía, a lo que el ayuntamiento se negó. De hecho, la solicitud fue inadmitida a trámite el 13 de mayo del 2022. Entonces, los responsables de Hacienda del consistorio rechazaron tal posibilidad alegando que, tras varias sentencias del Supremo, se daba por hecho que no había ningún cauce legal para anular liquidaciones firmes del impuesto, a pesar de su aplicación irregular.
Sin embargo, el juez Toledano aclara en esta sentencia que, ante la «inexistencia de riqueza susceptible de gravamen», estamos ante una «liquidación nula de pleno derecho, por la inconstitucionalidad de las normas que aplica».
En cualquier caso, la legislación contempla un plazo de prescripción de las liquidaciones de cuatro años.