Los países deberán blindar a los inquilinos frente a subidas acusadas de precios
13 mar 2024 . Actualizado a las 08:08 h.El Pleno del Parlamento Europeo refrendó ayer con 370 votos a favor, 199 votos en contra y 46 abstenciones, el acuerdo alcanzado con los 27 países miembros para actualizar la directiva de eficiencia energética de los edificios. La principal novedad es que el texto final excluye la controvertida propuesta de la Comisión Europea de fijar un calendario de mejora obligatorio para las viviendas, que habría impedido la venta o el alquiler de ocho de cada diez inmuebles en Galicia en el 2033.
¿Por qué se ha revisado la directiva?
La UE necesita acelerar la descarbonización de sus viviendas, responsables de casi el 40% de las emisiones contaminantes. Para conseguirlo, se han establecido grandes objetivos que todos los países de la UE deberán cumplir. El más importante es la reducción del consumo de energía del parque residencial del 16% para el 2030 y de entre el 20 y el 22% para el 2035 —respecto a los datos de consumo del 2020. Además, todos los edificios nuevos deberán ser «cero emisiones» a partir del 2030 —2028 si son públicos—. La descarbonización de todo el parque debería estar lista en el 2050.
¿Cuánta energía deberá ahorrar cada inmueble?
Consejo y Parlamento Europeo han borrado cualquier referencia concreta. La propuesta inicial de la Comisión Europea requería que todas las viviendas alcanzaran en sus certificados de eficiencia energética, como mínimo, la letra E antes del 1 de enero del 2030; la letra D antes del 1 de enero del 2033. «Eso está fuera. Se da libertad a los Estados sobre cómo hacerlo. Los países tendrán flexibilidad para elegir cómo alcanzar esos objetivos: renovaciones, mejora de la red, cambios en las calefacciones y refrigeraciones, despliegue de renovables próximas a edificios...», explica el eurodiputado de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, Nicolás González Casares. De esta forma, será el Gobierno español el que decidirá quién y a qué velocidad deberá renovar su vivienda en el plan nacional cuyo borrador deberá remitir a Bruselas antes del 2026.
El texto final deberá estar listo para el arranque del 2027. No obstante, la directiva marca el camino: «Las trayectorias nacionales deben cumplir hitos intermedios quinquenales para la reducción del uso energético medio del parque inmobiliario residencial a partir del 2030, que garanticen esfuerzos similares en todos los Estados miembros», reza su texto.
¿Puede afectar al mercado del alquiler?
Ese es el gran temor de los detractores de esta directiva. «Nos han secuestrado los ecologistas», se quejaba en la víspera de su ratificación un eurodiputado euroescéptico. El gran riesgo es que las inversiones en rehabilitación que deberán acometer las comunidades de propietarios empujen a muchos caseros a subir los precios del alquiler, que ya se han disparado un 50 % en las ciudades gallegas en los últimos nueve años. «Hemos conseguido incluir que no se permita el desalojo de hogares vulnerables, provocado por aumentos desproporcionados de los alquileres tras la renovación energética de sus viviendas», asegura González Casares. La directiva, de hecho, menciona de forma expresa la posibilidad de introducir «límites al incremento de los alquileres» como medida para «evitar» desahucios. Y no solo eso. También urge a los países a «dirigir prioritariamente» más ayudas públicas a los colectivos de menos renta. «Muchas de las ayudas al final no llegan a las personas más vulnerables por las dificultades administrativas o por la necesidad de una financiación inicial», admite el eurodiputado. Bruselas deberá lanzar en el plazo de un año un instrumento para financiar las obras a esos hogares con menos recursos.
¿Qué otras medidas afectarán a las viviendas?
La directiva también pone fecha de caducidad a las calderas de gas: 2040. Cómo retirarlas, de forma paulatina, dependerá de cada Gobierno. No obstante, a partir del año que viene ya no se podrá subvencionar su instalación. Sí se podrán extender ayudas a las calderas híbridas —una cuota de la energía es renovable—.
Además, urge al despliegue masivo de paneles solares en los tejados de las casas, siempre que sea viable técnica y económicamente. De esta forma, la directiva exige que todos los edificios nuevos residenciales, y los aparcamientos cubiertos adyacentes, incorporen las placas a partir del 2030.
En cuanto a los puntos de recarga para vehículos eléctricos, solo serán obligatorios para los edificios no residenciales con al menos cinco plazas de aparcamiento.
¿Habrá sanciones o subida de impuestos?
Una vez fijadas las normas mínimas de eficiencia energética, cada Gobierno deberá establecer mecanismos de control y eventuales sanciones por incumplimientos, teniendo en cuenta «la situación financiera de los propietarios de viviendas y su acceso a un apoyo financiero adecuado». Eso sí, descarta la introducción de gravámenes. Deja en manos de los Estados la posibilidad de aumentar la fiscalidad de los inmuebles menos eficientes.