Las 37,5 horas no se aplicarán desde el 1 de enero del 2025 y habrá mecanismos para facilitar la transición a los sectores con más dificultades
18 jul 2024 . Actualizado a las 10:25 h.Después de la tensión de las últimas semanas —ultimátum incluido a los empresarios para forzar un acuerdo—, el Gobierno ha acabado claudicando y plegándose a las exigencias de la patronal, que reclamaba una flexibilización en la aplicación de la rebaja de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Tras la reunión del diálogo social celebrada este miércoles, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, anunció que su departamento estaba dispuesto, en aras a conseguir un acuerdo tripartito —dada la importancia de la materia— a retrasar la entrada en vigor de las 37,5 horas más allá del 1 de enero del 2025, que era su objetivo inicial y el motivo de la urgencia por iniciar ya la tramitación parlamentaria del proyecto de ley.
Pérez Rey calificó de «muy constructiva» la reunión, enfatizando en que se estaban superando los puntos de fricción que antes separaban a las partes negociadoras. Subrayó la importancia de la rebaja legal de las 40 horas semanales a 37,5, destacando que era «un acuerdo de país», que probablemente no se volviera a tocar en este siglo, por lo que afectaría a las generaciones futuras de empresas y trabajadores y que por ello era clave pactarlo. «No tiene por qué implantarse de manera abrupta», indicó, recordando que en el caso de la reforma laboral siguieron negociando hasta Nochebuena.
Así que el Gobierno ha aparcado la prisa inicial. El departamento que lidera Yolanda Díaz ha cedido ante la patronal y finalmente ha aceptado una implantación «progresiva y paulatina» de la rebaja horaria que, según los sindicatos, se traduce en una mengua anual real de 48 horas de trabajo. Esa flexibilidad se aplicará al menos a algunas empresas o sectores —las que tengan más problemas para adaptarse a la reducción de horas— a lo largo del próximo año.
A falta de que en la próxima reunión, prevista para el lunes 29, las partes concreten más, este miércoles se abordaron tres puntos principales. Además de los citados «plazos más flexibles», se plantearon «mecanismos que permitan cierta flexibilidad en el tiempo de trabajo». «Nos hemos comprometido a incorporar márgenes mejores en la distribución irregular de la jornada en sectores que lo precisan, como la agricultura o la hostelería», apuntó Pérez Rey, asegurando que el ministerio no quería «una reducción fake de la jornada, es decir, que se reduzca la ordinaria a costa de aumentar las horas extraordinarias». Y se añadió una cuestión más: el derecho de los trabajadores a la desconexión digital, recogido en la ley pero aún no regulado. «Se trata de trabajar menos horas y de no ser molestados cuando no trabajamos», abundó.
Los sindicatos se movilizarán si no hay avances el 29
En lo que respecta a los sindicatos, aunque apoyaron ampliar los plazos de aplicación de la nueva regulación laboral, dejaron claro que no es un cheque en blanco para que se posponga sin límite. «Estamos dispuestos a flexibilizar la entrada en vigor en aras de conseguir un acuerdo. Es decir, transitoriedad sí, pero aplazamiento no», destacaron unánimemente los negociadores de CC.OO. y UGT, Maricruz Vicente y Fernando Luján, insistiendo en que lo que no admitirían sería «suspender, aplazar o llevar a tiempos muy futuros» la puesta en marcha de la medida estrella del acuerdo de Gobierno de PSOE y Sumar.
Y para despejar cualquier duda de que no lo aceptarán, Vicente anunció que si tras la reunión del 29 de julio no había acuerdo o avances concretos, en septiembre comenzarán las movilizaciones «en la calle y en las empresas». No en vano, mientras que el secretario de Estado percibió «avances» en la mesa de negociación, los sindicatos hablaron de «cierto bucle», de «atascamiento», y de no superarse en dos semanas, defenderán, megáfono en mano, que se cumpla lo acordado.