Facua pide que se prohíba también contratar por teléfono productos financieros, de telecomunicaciones, alarmas y seguros
ECONOMÍA
El 73,5 % de los encuestados han recibido en el último mes llamadas con ofertas de telecos
21 ago 2024 . Actualizado a las 18:50 h.Facua ha solicitado al Gobierno que extienda la prohibición de realizar llamadas telefónicas no solicitadas para dar de alta contratos de luz y gas a las empresas de servicios de telecomunicaciones, financieros, alarmas y seguros, dentro del real decreto que regulará la contratación de servicios energéticos.
En un comunicado, la asociación de consumidores ha alegado que los servicios de telecomunicaciones están incluso por delante de los energéticos en número de llamadas comerciales no solicitadas, prohibidas desde junio del 2023.
Según una encuesta de Facua a más de 6.000 consumidores, el 73,5 % de los afectados por spam telefónico había recibido en el último mes llamadas con ofertas de telecos, seguido de las de luz y gas, nombradas por el 71,8 % de los participantes, las de seguros (25,1 %), alarmas (6,4 %) y préstamos (5,9 %).
Además, según la encuesta, realizada a finales del pasado junio, el 96,6 % de los consumidores siguen recibiendo llamadas comerciales no solicitadas.
Asimismo, Facua ha reclamado que la futura norma, que de momento afectará a la contratación de luz y gas, obligue a las energéticas a comunicar a cada nuevo cliente su derecho a cancelar el contrato sin abonar ninguna cantidad si ha sido fruto de una llamada spam.
Esta es una de las alegaciones que presentará la asociación de consumidores a la propuesta de Reglamento General de Suministro y Contratación incluida en un real decreto del Ministerio para la Transición Ecológica que actualmente está en trámite de audiencia pública, ha avanzado.
Facua considera imprescindible que, para dar por válida un alta telefónica, se aporte una grabación en la que el usuario manifieste que fue él quien realizó la llamada o pidió expresamente recibirla y, en caso de que una compañía active un contrato sin contar con esa grabación, la denuncia del afectado debería derivar en una indemnización económica y una multa para las dos empresas implicadas.