El Supremo condena al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos
ESPAÑA
La resolución impone también a Álvaro García Ortiz el pago de una indemnización de 10.000 euros por daños morales a Alberto González Amador, la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. La sentencia incorporará dos votos particulares emitidos por las magistradas progresistas Ana María Ferrer García y Susana Polo García, que ya no será la ponente
20 nov 2025 . Actualizado a las 22:51 h.El Tribunal Supremo anunció este jueves un fallo histórico que condena por primera vez a un fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos. La sentencia, que aun no se ha hecho pública y que contará con el voto particular discrepante de las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo frente al criterio mayoritario de los otros cinco integrantes del tribunal, supone la salida de Álvaro García Ortiz de la máxima responsabilidad del ministerio público. El fiscal general del Estado es condenado a una pena de inhabilitación especial para el ejercicio del cargo por tiempo de dos años. Además, se le impone una multa de 7.200 euros y el pago de una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuyos datos privados fueron los filtrados.
Según el reglamento del Ministerio Fiscal, la pena a de inhabilitación para cargo público superior a los seis meses o la condena por delito doloso supone la pérdida de la condición de fiscal. El hecho de que la sentencia vaya a ser condenatoria implica que Susana Polo, una de las magistradas discrepantes, no sea la ponente, como estaba previsto, y que esa labor quede en manos del presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta. Los cinco jueces que condenan a García Ortiz son Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo y Carmen Lamela. La rapidez del anuncio del fallo tras dos semanas de un juicio que quedó visto para sentencia el pasado jueves, y antes de redactarse la sentencia, es inusual.
Absuelto de otros delitos
En un comunicado, el Tribunal Supremo transmitió el fallo de la Sala Segunda. «Que debemos condenar y condenamos a D. Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, como autor de un delito de revelación de datos reservados, art. 417.1 del Código Penal a la pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado por tiempo de 2 años, y al pago de las costas procesales correspondientes incluyendo las de la acusación particular».
Como responsabilidad civil se declara «que el condenado deberá indemnizar a D. Alberto González Amador a 10.000 euros por daños morales». Añaden los jueces que «le absolvemos del resto de los delitos objeto de la acusación» y que «los objetos intervenidos en los registros practicados se devolverán a sus titulares y, en su caso, se destruirán». La sentencia solo surtirá efectos a partir de su notificación en legal forma.
La pena que se impone al fiscal general es inferior a la que solicitaban las acusaciones populares, que se movían entre los cuatro y seis años de prisión y hasta 12 de inhabilitación. El artículo 417.1 del Código Penal por el que se le condena castiga a «la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados» a una multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años. Y, en función de la gravedad de la revelación, las penas pueden ir hasta prisión de dos a cuatro años. El Supremo ha optado por la inhabilitación durante dos años.
«Cerrar el círculo»
El fiscal general del Estado fue juzgado por la filtración de un correo electrónico del abogado de González Amador en el que se reconocía la comisión de dos delitos fiscales y por la difusión posterior de una nota en la que se detallaban con datos las negociaciones entre la fiscalía y el defensor del novio de Ayuso. Aunque los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no pudieron encontrar ningún mensaje de los días en los que se produjo la filtración en el teléfono de García Ortiz, dado que este borró el contenido de su WhatsApp y de su correo electrónico, los agentes sí hallaron en el móvil de la fiscala jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, mensajes en los que el fiscal general del Estado le pedía que le enviara los correos cruzados entre el fiscal encargado del caso, Julián Salto, y el abogado de González Amador, a su cuenta personal de Gmail.
Tras advertir que faltaba uno de esos correos, la instó a conseguirlo también y a mandárselo en cuanto lo tuviera. «Lo necesitamos para cerrar el círculo», decía García Ortiz en ese último mensaje.
