Sánchez usa la renovación del bono joven de alquiler para aplacar las protestas
ECONOMÍA
No quiere «una España donde haya propietarios ricos e inquilinos pobres»
15 oct 2024 . Actualizado a las 09:17 h.El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intenta aplacar las críticas vertidas en la manifestación del domingo en Madrid y otras ciudades de España por el problema de la vivienda con una medida que ya estaba previsto aprobar a mediados de este mes: la renovación de 200 millones de euros en ayudas al alquiler para los jóvenes. La Conferencia Sectorial la acordó por unanimidad de todas las comunidades autónomas del régimen común a principios de mes, y estaba previsto que a mediados lo hiciera el Consejo de Ministros para su aplicación a partir de noviembre. Los 200 millones del Bono Alquiler Joven son los mismos que se acordaron para el 2022 y para el 2023, y no se han actualizado ante la falta de Presupuestos, por lo que el reparto entre autonomías se mantiene igual que en las últimas dos convocatorias. La ayuda del bono es de 250 euros al mes durante dos años para facilitar la emancipación de los jóvenes, aunque bastantes expertos señalan que este tipo de medidas lo que hacen es encarecer los alquileres, puesto que los caseros incorporan al precio esta ayuda.
«Yo no quiero una España donde haya propietarios ricos e inquilinos pobres», aseguró Sánchez durante su intervención en el foro World in Progress Barcelona organizado por el Grupo Prisa, para avanzar también que el Ejecutivo pondrá en marcha un reglamento «para evitar los fraudes en contratos de alojamiento turístico y de temporada». Esta es otra de las medidas que ya había prometido el Gobierno y que, en realidad, supone la trasposición de una directiva europea.
El domingo, miles de personas salieron a la calle en reivindicación del derecho, reconocido en la Constitución, a una vivienda digna. Entre las pancartas, varias reclamaban la dimisión de la ministra de Vivienda. Ayer, tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, tuvieron que responder. Sánchez pidió la colaboración de las comunidades autónomas, que tienen las competencias en materia de vivienda: «Necesitamos que todas las Administraciones arrimen el hombro y, para empezar, que apliquen la ley de vivienda, porque es una buena ley que ofrece herramientas muy útiles». A su vez, Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, defendió la apuesta del Gobierno por la «regulación» del mercado, y aseguró que comprende a los que salieron a protestar el domingo. «Estamos en una situación de emergencia social», señaló Rodríguez en una entrevista en TVE.
El decreto para regular el alquiler de temporada para evitar el fraude estará aprobado antes de fin de año, dijo la ministra. Al alquiler de temporada se están escapando muchos caseros para evitar las limitaciones que se imponen en el residencial de larga duración, aunque muchos, en realidad, son arrendamientos de larga duración disfrazados de temporales. El real decreto obligará a demostrar la causa para que sea un alquiler de temporada (por estudios, por un desplazamiento laboral temporal, etcétera), como ya se establecía en la ley, y tendrán que incluirse en una plataforma de registro único de acuerdo con el reglamento de la Unión Europea sobre la recogida y el intercambio de datos relativos a alojamientos de corta duración.
«He clamado por la prohibición de los alquileres turísticos», aseguró Rodríguez. La oferta de viviendas de uso turístico no para de aumentar, muchas de ellas ilegales. Según el último informe de Exceltur, la oferta de plazas en viviendas de uso turístico ha aumentado un 16,6 % en las 25 principales ciudades españolas, sumando un total de 388.453, aunque no llega al récord alcanzado en el 2018, con 442.000, porque algunas ciudades ya han empezado a controlar el crecimiento de los pisos turísticos.
Barcelona, por ejemplo, ha aprobado su prohibición para el 2028. Por ahora, son las comunidades de vecinos, con una mayoría de tres quintos, las que pueden prohibir que se instalen pisos turísticos en su edificio, como refrendó hace unos días el Tribunal Supremo.
Zonas tensionadas
También Cataluña ha aprobado la declaración de zonas tensionadas en 140 municipios, a los que se sumaron la semana pasada otros 131. Según los datos del Gobierno catalán, en esas zonas, el precio del alquiler descendió un 5 %, unos 100 euros al mes, como subrayó ayer la ministra de Vivienda, aunque también se redujo un 17 % la oferta de pisos en alquiler. Rodríguez animó a que otras comunidades autónomas declaren zonas tensionadas para regular los precios del alquiler. El País Vasco también va a aplicar los topes a alquileres en varias ciudades.
Por su parte, desde Podemos han reclamado la dimisión de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ya que consideran que no debería seguir en el cargo con la «inacción» del Ejecutivo ante la «emergencia habitacional» que sufre el país.
La escasez de vivienda puede «ahogar» la inmigración y lastrar el PIB
La crisis de la vivienda tendrá su repercusión en el crecimiento económico de España. Pese a que todos los organismos están actualizando al alza sus previsiones referidas al avance del producto interior bruto (PIB) para este año y el que viene, los analistas de BBVA Research reconocen que los elevados precios de la vivienda por la «evidente falta de oferta» pueden convertirse en un «cuello de botella» que «ahogue» la inmigración, lo que a su vez repercutirá directamente en el crecimiento del país, sobre todo en las grandes capitales. Las proyecciones de llegadas de inmigrantes están superando las expectativas del INE, que auguraban que en la próxima década vendrían a nuestro país unos tres millones de personas, a razón de 300.000 al año. «Estas personas necesitan una vivienda, pero, si es un bien escaso y caro, se puede convertir en un factor limitante de la propia inmigración», explica Rafael Doménech, director de análisis económico de BBVA Research.
Es más, desde el gabinete de estudios de la entidad reconocen que los altos precios de la vivienda pueden afectar también a la movilidad geográfica de los trabajadores nacidos en España, que empiezan a rechazar ofertas de trabajo en Madrid o Barcelona por este motivo. Según sus cálculos, en los próximos dos años se construirán solo un 17 % más de viviendas, lo que sigue siendo «completamente insuficiente» para aliviar el problema de la falta de oferta. El Banco de España estima que se necesitarían unas 600.000 viviendas, y se están construyendo 120.000 en todo el país anualmente. «La falta de oferta seguirá presionando al alza los precios», auguran los economistas de BBVA Research.