Las listas de espera quirúrgicas y de consultas se alargarían en 12 y 4 días
10 dic 2024 . Actualizado a las 09:28 h.La incorporación al Servizo Galego de Saúde de los 58.328 gallegos que son mutualistas de Muface supondrá un gasto extra de 170 millones anuales para la Consellería de Sanidade, además de una demora extra de las listas de espera de 11,4 días para las cirugías y de 4,3 días para las consultas con especialistas.
Esas son las principales conclusiones de un informe elaborado por la consellería, que este lunes fue revisado por el Consello de la Xunta, sobre el impacto que tendría el fin de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, prevista en principio para el 31 de enero, después de que las aseguradoras DKV, Adeslas y Asisa rechazasen el nuevo concierto planteado por el Gobierno central.
El informe, presentado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y por el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, concluye que la incorporación de los más de 58.000 mutualistas incrementaría la actividad entre un 2 % y un 3 %, dependiendo del área sanitaria.
El aumento de carga asistencial sería menor en pediatría, ya que solo 1.819 mutualistas tiene menos de 14 años. Más de 43.000 pasan de los 45, y de ellos 10.000 superan los 74. La ratio médico-paciente apenas subiría un 0,6 % en pediatría, pero en la sanidad de adultos crecería más de un 2,4 %.
El impacto en Atención Primaria se estima en 221.706 consultas de enfermería y 307.248 consultas con facultativos cada año. Tendrían un coste estimado de 49,6 millones para las arcas públicas.
También crecería la atención hospitalaria. Sanidade prevé que cada año se harían 5.756 operaciones quirúrgicas, 5.181 de ellas en quirófano. En el 2023 se practicaron 273.612, por lo que el incremento sería del 2,69 %.
Además, el sistema hospitalario asumiría 120.070 consultas externas más cada año, lo que supondría un incrementos de casi el 2,1 % con respecto a los 5,7 millones registrados en el 2023.
En el área de hospitalización se esperan 6.351 ingresos adicionales con una estancia media de 7,48 días, lo que supone 47.523 días de ingresos que hasta ahora corrían a cargo de la mutualidad.
El informe prevé que cada año se harían, como mínimo, 93.000 pruebas diagnósticas más. Entre ellas, 883 de medicina nuclear, 3.509 endoscopias, 6.141 estudios electrofisiológicos, 203 cateterismos cardíacos y 10.946 análisis de otro tipo. Además de 48.399 pruebas radiológicas, 10.193 ecografías, 9.475 tac, 3.124 radiografías y 153 pruebas del mismo departamento cada año.
El impacto en urgencias sería de 21.951 consultas anuales para adultos y de 1.448 de pediatría. Es decir, el 2,39 % y el 0,65 % de las cifras registradas en el 2023.
Los costes extras para el sistema hospitalario, se acuerdo con el informe, ascenderían a casi 68 millones de euros anuales.
Por último, el informe analiza el impacto en las prestación farmacéutica. La previsión es que el número de recetas anuales se incrementaría en más de un millón. El gasto medio en el caso e los pacientes menores de 65 años es de 10,6 euros, y en los mayores asciende a 72 euros. En conjunto, la previsión es superar los 35 millones de euros. A esa cantidad habría que sumar la inversión en farmacia hospitalaria. La estimación es que se superen los 16,7 millones de euros anuales, ya que el gasto del Sergas por cabeza asciende a 265,45 euros.
Más allá de los costes y del aumento de las listas de espera, el conselleiro insistió en que sería preciso incorporar la historia clínica de todos los mutualistas durante los últimos cinco años, de lo contrario habría «elevado risco» de que se rompiese la «continuidade asistencial», ya que Muface no emplea el sistema del Sergas.
Caamaño insistió además en que la integración debería ser «paulatina, non abrupta» para limitar esos riesgos, y tachó de «trapallada e desfeita máxima» la gestión del Gobierno central, ya que el fin de Muface, que tiene 1,5 millones de mutualistas en España, se ha planteado en cuestión de semanas. Por su parte, Rueda criticó la falta de información del Gobierno y reclamó que les traslade sus planes en la Conferencia de Presidentes del viernes.
CSIF denuncia ante el Defensor del Puueblo una avalancha de quejas por anulaciones y retrasos en las citas médicas
Los mutualistas ya están empezando a sufrir las consecuencias de la crisis en la licitación de Muface. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denunció este lunes ante el Defensor del Pueblo la situación que están atravesando centenares de funcionarios, que han visto cómo su atención sanitaria se veía muy afectada estas últimas semanas: «Las clínicas están anulando, retrasando y suspendiendo citas médicas e intervenciones quirúrgicas ante la incertidumbre sobre el concierto sanitario. Hemos constatado que, además, estas mismas clínicas están pidiendo a los funcionarios que se sufraguen ellos mismos los tratamientos si quieren ser atendidos», explican los portavoces del sindicato que advierten que solo en las últimas semanas han recibido centenares de quejas a través de su sistema de correo electrónico.
De hecho, advierten, una parte importante de las quejas que han recibido son de personas que padecen algún tipo de enfermedad crónica o de cierta gravedad. Una de las afectadas exponía a los representantes de los trabajadores que a su bebé —de menos de un año de edad— le habían aplazado varios meses una consulta con una neuróloga pediátrica que debía haber tenido esta misma semana: «Nos han dicho que la visitarán o no según qué suceda con la mutualidad», resume la denuncia de la afectada.
Otro caso cuenta que, tras hallar una masa en la próstata a un familiar de un mutualista en el mes de junio, y realizarle una serie de pruebas que determinaron que se trataba de un carcinoma prostático, la respuesta sobre el tratamiento sigue sin llegar.
CSIF ha mostrado su preocupación ante el Defensor del Pueblo por la situación de inseguridad en la que se encuentran los mutualistas: «Están viendo amenazado su derecho a la protección de la salud y su asistencia médica en las condiciones legalmente establecidas».
Los altos funcionarios se abren a mantener el concierto con un copago
Los funcionarios se han levantado en armas y se muestran dispuestos a batallar hasta el final para defender su actual modelo de sanidad. Fedeca, la plataforma que aglutina a medio centenar de asociaciones que representan a los cuerpos superiores de la Administración del Estado, se sumó este lunes a la presión y cargó contra la «demagogia» que hay en torno a este tema. «No estamos dispuestos a desmantelar Muface porque supone un ahorro y porque no vamos a dejar colgados a 1,5 millones de funcionarios. No existen razones sociosanitarias, ni económicas, ni jurídicas. No hay argumentos», aseguró en rueda de prensa Ana Ercoreca, presidenta de Fedeca, que hizo hincapié en que no existen pruebas que respalden la insostenibilidad de este modelo en el que se puede elegir entre la sanidad pública o la privada.
Este grupo de altos funcionarios está convencido de que el Gobierno resolverá pronto el conflicto y se han mostrado abiertos a negociar eventuales soluciones. Así, están dispuestos a hablar de un copago por este servicio: «Que negocien una póliza colectiva para todos, incluso que nos digan que participemos con más de los 50 euros que ya pagamos cada mes y a lo mejor podemos llegar a un acuerdo para que una parte la sufraguen los propios funcionarios», señaló Edmundo Bal, abogado del Estado y exdiputado por Ciudadanos, quien, además, aseguró que la mejor opción sería ampliar el colectivo con todos los funcionarios, una vez que en el 2011 se les denegó este derecho, para que no esté tan envejecido y salga más rentable.