El modelo sanitario de unos 58.000 funcionarios gallegos sigue en el aire

A 48 horas de que expirase el plazo que el Ministerio de Función Pública dio para que las aseguradoras presentasen ofertas para prestar atención sanitaria a 1,5 millones de funcionarios de Muface y sus familiares, el Gobierno dio un golpe de timón para evitar que la segunda licitación se quedase desierta. Y lo hizo dejando en suspenso ese plazo para darse un extra de oxígeno en la negociación con las compañías aseguradoras, con las que ya había intensificado el diálogo en los últimos días.

«Estamos trabajando intensamente y buscando una solución», aseguró el viernes el ministro del ramo, Óscar López durante una entrevista en Onda Cero. «Estamos viendo y explorando fórmulas», añadió, recordando que, en todo caso, los mutualistas siguen cubiertos por la ley de contratos públicos. «Estoy casi convencido de que vamos a conseguir el acuerdo», sentenció. El as que escondía en la manga para mostrar ese optimismo era el acercamiento de posturas para la compensación de las pérdidas, tanto las pasadas como las futuras que pudiese generar el servicio.

El Ejecutivo tendrá ahora que fijar un nuevo plazo límite para la presentación de las propuestas de las aseguradoras, y posteriormente resolver la licitación. Por todo ello, más de 58.000 funcionarios en Galicia siguen aún con la incertidumbre de saber cómo se resolverá su modelo sanitario.

Los movimientos del Gobierno central lograron, en el mismo día que anunció la suspensión del plazo para realizar cambios en la licitación, que Adeslas, que había manifestado su intención de no participar en el concurso, admitiese que «reconsideraría» su posición y «daría los pasos necesarios para dar continuidad de forma favorable a su presencia en Muface».

La clave de la crisis en la que Muface está inmersa es el plante de las aseguradoras, que llevan años denunciando que el servicio es deficitario —inflación y envejecimiento de la población beneficiaria lo han agravado—, sin que las subidas de la prima ofrecidas por la Administración hayan sido suficientes para equilibrar los números y hacerles cambiar de opinión. Al menos hasta ahora.

«Hemos hecho el mayor esfuerzo de la historia de Muface», apuntó hace tres días Óscar López, en referencia a la mejora de las primas propuesta en los pliegos (un 33,5 % más), que implica unos mil millones de euros extra en tres años respecto al anterior concierto (de dos años de duración). El porcentaje supone casi doblar la oferta inicial del ministerio en la primera licitación, que acabó desierta y que obligó a Función Pública a convocar un nuevo concurso. Sin embargo, esa propuesta no había convencido ni a Adeslas ni a DKV y únicamente Asisa continuaba haciendo números para su oferta, hasta que el pasado sábado, el Ejecutivo dejó en suspenso el plazo que tenía que culminar hoy. Está por cuantificar la mejora adicional con la que el Gobierno intentará zanjar definitivamente la crisis.

Cabe recordar que Adeslas (controlada por Mutua Madrileña y CaixaBank), reclama un alza del precio del 40 % en tres ejercicios, mientras que DKV pide un 40 % en un año. Esgrimen que lo contrario les supondría pérdidas de 250 y 70 millones respectivamente.

Hace unos días, en respuesta a una pregunta vinculante realizada por Asisa, Muface señalaba que las aseguradoras que concurran al convenio podrán reclamar a la Administración el restablecimiento del equilibrio financiero, la baza con la que el ministro parecer confiar en salvar este segundo intento de licitación. 

Críticas del PP

Ayer, la vicesecretaria de Sanidad del PP, Ester Muñoz, arremetió contra el ministro, a quien recordó que la negociación con las aseguradoras «se podía haber hecho hace tres meses, cuando se dijo que esto iba a pasar». «Cuando tenemos un ministro que, en lugar de dedicarse a Muface, que es su competencia, se dedica a ser el candidato de la oposición a Ayuso, pues no está en lo que tiene que estar. Ya pasó con Ribera y la dana. No son ministros, se dedican únicamente a ser líderes de la oposición», criticó. Además, pidió a Óscar López que piense en las personas que ahora no saben si podrán acudir a su consulta médica y en los pacientes oncológicos.

Por otra parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) sigue teniendo sobre la mesa una jornada de huelga para protestar por la situación, aunque hoy tendrá una reunión de los órganos de dirección del sindicato para abordar el nuevo escenario.

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