Los problemas médicos de centenares de funcionarios de Muface llegan a la Fiscalía
ECONOMÍA
El sindicato CSIF presenta una denuncia para que se investigue la oleada de cancelaciones y retrasos de citas sanitarias a los mutualistas que optan por la sanidad privada
10 feb 2025 . Actualizado a las 16:11 h.Cuando ya casi estamos a mediados de febrero, el conflicto de Muface sigue sin resolverse, aunque comienza a verse un poco la luz al final del túnel con la nueva oferta del Gobierno que se acerca más a lo que piden las aseguradoras. Sin embargo, los 1,5 millones de funcionarios y sus familias siguen padeciendo las consecuencias de no haberse renovado a tiempo el nuevo concierto para los próximos tres años y sufriendo cancelaciones y retrasos de citas médicas, con las consecuencias que esto puede implicar para su salud.
Así, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las Administraciones públicas, ha reclamado a la Fiscalía General del Estado que investigue las quejas de centenares de mutualistas de Muface, que han visto cómo sus peticiones de asistencia sanitaria han sido rechazadas en los últimos meses por parte de las compañías aseguradoras DKV, Adeslas y Asisa, que siguen prestando este servicio tras la prórroga obligada del Gobierno.
CSIF pretende con esta denuncia determinar posibles responsabilidades penales tanto de las compañías como de las personas físicas que pudieran ser autores o partícipes en los hechos denunciados.
El escrito presentado por el sindicato recuerda que desde el pasado octubre ha recibido cada día centenares de quejas de mutualistas a quienes les han sido denegadas la realización de pruebas médicas, así como anulación de citas e intervenciones quirúrgicas, lo que «está provocando problemas de salud mental y físico tanto en los mutualistas como en sus familias». En este sentido, denuncia que «la injustificada negativa de las aseguradoras constituye un problema de salud pública por sí mismo y por el número de personas afectadas» (aproximadamente 1,5 millones entre mutualistas y beneficiarios).
«En ningún caso una cuestión puramente económica —la no renovación del actual concierto— puede justificar la desatención en materia del derecho fundamental a la protección a la salud», por lo que instamos a que investigue para determinar las posibles responsabilidades penales de las aseguradoras», advierte CSIF en la denuncia presentada.
Huelga este jueves
Ante la falta de una solución a este conflicto que pone en riesgo la salud de los funcionarios, CSIF mantiene la jornada de huelga anunciada para este jueves, 13 de febrero, a la que están convocados más de medio millón de funcionarios de todo el país en diferentes ámbitos. Más en concreto, la huelga afecta al personal docente (tanto universitario como no universitario), centros de la Administración General del Estado (ministerios, organismos y dependencias adscritas, organismos oficiales y delegaciones de Gobierno, entre otros) y al personal funcionario de Correos. Los funcionarios de Policía también se ven concernidos, aunque no tienen reconocido el derecho a la huelga. Jupol, como sindicato mayoritario de la Policía Nacional, apoya la convocatoria de CSIF.
El sindicato explica que en estas últimas semanas ha intensificado la interlocución con Muface, las aseguradoras y los partidos políticos para promover un acuerdo, y ha reclamando a unos y a otros responsabilidad.