El Ejecutivo central se reunirá con el de Alfonso Rueda en una comisión bilateral previa a la presentación de un litigio ante el Tribunal Constitucional
08 mar 2025 . Actualizado a las 05:00 h.El Gobierno central ha instado a la Xunta a constituir una comisión bilateral de cooperación para abordar las normas eólicas que entraron en vigor el último día del 2024 en la Ley de medidas fiscales y administrativas que acompañan a los Presupuestos autonómicos de este año. El Ejecutivo cuestiona su legalidad y atiende así las reclamaciones realizadas por la patronal nacional del sector, que hasta en dos ocasiones le pidió que actuase para frenar los planes autonómicos. La Asociación Empresarial Eólica (AEE) considera que «vulnera el marco jurídico existente», y se ha manifestado reiteradamente en contra de dos de las obligaciones para los promotores planteadas por el Gobierno de Alfonso Rueda: la repotenciación —modernización— de los parques al cumplir 25 años de operación, y que la venta del 50 % de la generación de los nuevos recintos se quede en Galicia.
La constitución de las comisiones bilaterales entre la Administración central y la autonómica constituyen el paso previo a la presentación de conflictos ante el Tribunal Constitucional, y su finalidad es la de evitar llegar a esa vía de litigiosidad.
La Xunta confirma que mantendrá ese encuentro, que le fue solicitado el pasado jueves. No obstante, el diálogo se iniciará con las posturas completamente alejadas, ya que el Ejecutivo central pone en duda prácticamente todas las nuevas medidas adoptadas.
En el escrito remitido a la Administración autonómica considera que «se habilita a introducir obligaciones no previstas en la normativa estatal a los sujetos del sector eléctrico» y se cuestiona si la exigencia de reportar «beneficios económicos y sociales a considerar discrecionalmente por la consejería podría conllevar una pérdida de transparencia para los productores y si sería compatible con los preceptos de carácter básico de competencia estatal». En este sentido, insiste en que entre las obligaciones a los productores de energía eléctrica recogidas en la ley nacional del sector eólico no se encuentra la participación en beneficios de carácter social o económico en el territorio de implantación. Y añade que para las instalaciones de transporte de energía eléctrica, la regulación estatal prevalece sobre la autonómica.
En cuanto a las repotenciaciones obligatorias, el Ejecutivo central sostiene que es «especialmente gravosa en términos jurídicos pero también económicos». Considera que es una disposición que puede afectar a un gran número de empresas, debido a la elevada edad de los recintos eólicos gallegos y que puede «implicar la aparición de un importante factor de desestabilización en el sistema que no puede desconocerse o ignorarse».
Tal y como estableció la Xunta en sus medidas, el incumplimiento de la obligatoriedad de repotenciar los parques tras 25 años en funcionamiento —aunque se recoge una moratoria hasta los 30 sujeta a determinadas condiciones— podría llegar a implicar la revocación de las autorizaciones. El Ejecutivo advierte que «introduce unos sobrecostes que el resto de los consumidores nacionales no tiene el deber de soportar», además de que cuestiona que cumpla con los principios de unidad de mercado y libertad de empresa.
«La norma gallega prevé un interés público superior relativo a la repotenciación que en nada tiene que ver con la previsión de la directiva [europea] de sopesar los intereses jurídicos en los casos individuales», subraya el Gobierno. Por otro lado, también pone el acento en la exigencia a las empresas de no iniciar las repotenciaciones de sus parques antes de 18 meses después de cumplidos los 25 años de operatividad.
Colisión de competencias
En el listado de las medidas reguladas por la Xunta y que el Gobierno considera que colisionan con las estatales se encuentran la designación de zonas para la aceleración del despliegue de energías renovables, así como la posibilidad de que se suspendan determinados plazos a los que están obligados los promotores de parques eólicos cuando los proyectos estén afectados por decisiones judiciales.
«Preténdese que Galicia renuncie a garantir que os parques se traduzan en beneficios», critica la Xunta
El Gobierno autónomo discrepa abiertamente de los argumentos recogidos por el Gobierno central en la comunicación enviada por el director general de Régimen Jurídico Autonómico y Local del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, Gonzalo Díaz Millán. El Ejecutivo de Alfonso Rueda cuestiona las intenciones de la Administración central con relación a su nueva regulación eólica. «Preténdese que Galicia renuncie a garantir que os parques enerxéticos se traduzan en beneficios sociais e económicos para as comunidades locais afectadas, aínda que esta previsión se atopa no propio Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030», valora. Además, considera que se está produciendo una actitud discriminatoria con respecto a otras zonas del país. «Chama a atención que o Goberno non discutise medidas no mesmo sentido, pero moito máis intervencionistas que as da nosa comunidade, cando se aprobaron noutros lugares como Navarra ou as Illas Baleares», subraya.
Por otro lado, apunta a la falta de peso de algunos de los argumentos planteados. «Aseguran que a repotenciación que pretende Galicia —a substitución dos aeroxeradores vellos por outros máis modernos, de xeito que produza o mesmo ou máis volume de enerxía con menos aeroxeradores— é economicamente gravosa para as empresas, aínda que non o acredita», afirma, e incluso va un paso más allá en sus críticas y aprecia incongruencias. «No seu escrito, o Goberno cita normativa estatal que pode avalar perfectamente as medidas introducidas en Galicia», afirmó al respecto.
Asunción de competencias
Con respecto a la asunción de competencias, la Xunta discrepa de los planteamientos estatales. «Discútese tamén que a comunidade autónoma de Galicia teña competencia para permitir, en determinadas circunstancias, a implantación de parques eólicos fóra das áreas de desenvolvemento perimetradas, algo que se leva facendo anos sen que nunca merecese ningún reproche por parte do Estado e, á vez, ponse en tea de xuízo que os parques eólicos de competencia estatal deban respectar as normas de ordenación territorial que fixa a comunidade autónoma», subraya.
El Gobierno gallego afirma que la intervención del Ejecutivo central no responde al interés general. Defiende poder determinar áreas de aceleración de renovables. «Estas zonas constitúen unha obriga da Unión Europea, datada do ano 2022», recuerda, aunque lamenta que «o Goberno central nestes tres anos non actuou para exercer unha competencia que agora pretende arrogarse en exclusiva», argumenta.