Altri seguirá adelante con su proyecto en Palas de Rei, aunque recurrirá la exclusión de las ayudas europeas

G. L., B. C. REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

José Soares de Pina, consejero delegado de Altri
José Soares de Pina, consejero delegado de Altri Oscar Vázquez

Asegura que la viabilidad de la fábrica no estaba ligada al PERTE y explora otras vías de financiación

23 abr 2025 . Actualizado a las 22:33 h.

Greenfiber, la sociedad conjunta de la papelera portuguesa Altri y la matriz de la energética gallega Greenalia, no renuncia a su proyecto para construir una fábrica de fibra textil a partir de celulosa en el municipio lucense de Palas de Rei. Tras conocerse que el Gobierno ha excluido esta industria de las ayudas del PERTE para la descarbonización industrial, en el que optaba a 30 millones procedentes de los fondos europeos, la empresa ha anunciado que la iniciativa «sigue su curso», ya que «la decisión de continuar con el proyecto nunca ha estado supeditada a la inclusión» en el reparto de esta línea de ayudas. De hecho, asegura que cuando decidió optar a este reparto de fondos lo hizo «con pleno conocimiento de que, en el marco de los compromisos asumidos ante la Comisión Europea, que contemplan que los proyectos candidatos se deben haber completado antes del 31 de marzo de 2026, Gama [el nombre con el que Altri ha bautizado internamente la fábrica de Palas] no podría ser elegible por razones de plazo», salvo que el Gobierno lograse acordar con Bruselas una extensión de los tiempos de ejecución, algo que de momento no se ha producido.

En un comunicado, Greenfiber recuerda que la inversión inicial supera los 1.000 millones de euros, por lo que el importe denegado por el Ejecutivo apenas supone un 3 % del presupuesto para arrancar el proyecto y el no lograrla «no altera la hoja de ruta prevista». En esa línea, destaca que la del PERTE «es una más de las vías que la empresa está explorando para articular la estructura financiera del proyecto y reducir el riesgo de la inversión inicial».

Pese a la existencia de alternativas financieras, la empresa no renuncia de momento a los fondos europeos, anunciando que «recurrirá la resolución, en la confianza de que el Gobierno de España pueda alcanzar un acuerdo con la Comisión Europea para la ampliación del plazo de ejecución y se tomen en consideración las alegaciones de la compañía». Esta defiende que la planta contribuirá a la descarbonización, ya que su proceso de producción de fibras textiles reduciría en un 91 % las emisiones de dióxido de carbono en comparación con la producción convencional de pulpa y liocel en plantas no integradas y repartidas por el mundo. «Pero, además, el hecho de que la materia prima que se prevé utilizar en el proceso sea madera producida en proximidad que hasta ahora se exportaba fuera de Galicia sin procesar, significa que los trayectos que realizarán los camiones de madera se verán considerablemente reducidos, emitiendo, por consiguiente, una cantidad inferior de CO2 a la atmósfera», argumenta.

Por todo ello, la empresa anuncia que sigue adelante con el proyecto, «avanzando en los próximos trámites como la autorización ambiental integrada (tras haber obtenido la declaración de impacto ambiental favorable a mediados de marzo), así como en la identificación de otros instrumentos de financiación pública ya utilizados anteriormente por el Gobierno de España para otros proyectos industriales y que, como este, también destacan por su enfoque específico en proyectos con alto impacto en descarbonización e innovación tecnológica». 

No obstante, aunque insiste en que sondeará otras opciones de financiación pública, por el momento apela a la cautela sobre el perfil de esos posibles incentivos.

Las causas del rechazo

Aunque Altri alude a la fecha de materialización de las inversiones como la causa de su exclusión del PERTE, la resolución publicada ayer por Industria apunta a otras tres razones más allá del calendario de inversiones. El Gobierno entiende que el proyecto no cumple los requisitos para su «eligibilidad como proyecto tractor», uno de los cuatro criterios establecidos en la orden de ayudas, al tiempo que también penaliza el «consumo de combustibles fósiles en equipos de la nueva instalación» y da una puntuación inferior al mínimo establecido en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero que se evitarían con la actuación. Así, logra una puntuación final de 24,39 puntos, a distancia de los 43,2 que marcaron el corte de los proyectos elegidos.

Tramitación ambiental

Mientras, el Gobierno gallego continúa con la tramitación de la autorización ambiental integrada, a la que tienen que someterse los grandes proyectos industriales en el país. En el marco de ese proceso, analiza la autorización del vertido por parte de Augas de Galicia; el seguimiento y control de contaminación de los suelos; la gestión de los residuos y la calidad del aire y emisiones a la atmósfera. Medio Ambiente cuenta ya con los informes relativos a estas cuatro afecciones, pero en la fase de información pública se han producido alegaciones en dos de los apartados —el de las emisiones a la atmósfera y las aguas— que deben ser informados de nuevo por los órganos sectoriales competentes.

El departamento autonómico está a la espera de recibir aún algún informe al respecto, y cuando cuente con toda la información emitirá una propuesta de autorización ambiental integrada que remitirá tanto a Altri como a aquellos que presentaron alegaciones, que incluirá un anexo en el que se dará respuesta a las cuestiones planteadas. Nuevamente, la empresa y los alegantes podrán pronunciarse, y tras analizar estas últimas aportaciones, será entonces cuando Medio Ambiente eleve la propuesta definitiva.

Sin embargo, aún no conoce el número exacto de interesados a los que se tiene que dirigir, y eso condicionará los plazos para dar luz verde a ese permiso ambiental.

La empresa está pendiente de la concesión de otros 250 millones de fondos europeos

Altri continúa pendiente de la obtención de una ayuda directa por 250 millones, también procedentes de fondos europeos. Aspira a lograr unos incentivos como los que captó en septiembre del pasado año la empresa Cobra Solutions por importe de 150 millones de euros, en su caso para desarrollar una cadena de suministro completa de hidrógeno verde en España, incluyendo la producción, el almacenamiento, el transporte y la distribución del combustible.

Sin embargo, los requisitos establecidos para la concesión de este tipo de ayudas complica de forma notable las opciones con las que cuenta Greenfiber. Y así dejó constancia la propia compañía en el comunicado que emitió ayer. No solo porque tendría que tener listo el proyecto antes de que finalizase el primer trimestre del próximo año, sino que, además, la actuación industrial diseñada para Palas tendría que contar con la declaración por parte de las autoridades comunitarias como Proyecto Importante de Interés Común Europeo (IPCEI).

El enganche a la red

Por otro lado, también está por clarificarse si la futura planta de fibra textil a partir de celulosa contará con un enchufe adecuado a la red eléctrica. El Gobierno autonómico había solicitado al Ministerio de Transición la construcción de una nueva subestación para dar servicio a la futura industria. No obstante, el gabinete de Sara Aagesen respondió a esa petición diciendo que las nuevas capacidades a la red no tienen nombre ni apellidos.