La ciudadanía podrá opinar sobre la opa de BBVA a Sabadell a través de un formulario y solo siete días

Ana Balseiro
ana balseiro MADRID / LA VOZ

ECONOMÍA

Sede social del BBVA en Madrid
Sede social del BBVA en Madrid Javier Lopez | EFE

La consulta abierta por Economía hasta el día 16 da una segunda oportunidad a las decenas de alegaciones contra la operación que Competencia no valoró

07 may 2025 . Actualizado a las 10:57 h.

La inédita consulta pública anunciada este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se abrió en la tarde de este martes en la página web del Ministerio de Economía. Aunque este procedimiento previo —no vinculante— es habitual para recoger contribuciones de organizaciones, colectivos y ciudadanía en procesos normativos, es la primera vez que el Ejecutivo lo aplica a una operación corporativa como es la opa de BBVA sobre el Banco Sabadell. A continuación, sus claves:

¿Por qué convoca la consulta el Gobierno?

Como el Ministerio de Economía informó este martes, lo que se pretende es «obtener información que facilite una valoración completa antes de decidir si la operación de concentración bancaria se eleva o no al Consejo de Ministros». Cabe recordar que después de que la Comisión de los Mercados y la Competencia (CNMC) diese luz verde hace una semana (el 30 de abril) a la opa, con una serie de condiciones que el banco vasco se comprometió a cumplir para que la operación no socave la competencia ni provoque exclusión financiera, el Ministerio de Economía dispone de un plazo de 15 días para decidir si la eleva al Consejo de Ministros.

Dada la radical oposición que la opa ha generado —especialmente en Cataluña— el Ejecutivo pretende sondear todas las opiniones antes de tomar una decisión. Una vez que eleve el asunto al Consejo de Ministros, este tiene 30 días para confirmar la autorización de Competencia o, en su defecto, imponer nuevas condiciones, que es la última defensa en la que confía Sabadell para frenar una absorción sobre la que sus accionistas tendrían la última palabra.

¿Cuándo comienza y cuánto dura?

Tras el anuncio de Sánchez, fuentes de Economía señalaron que la consulta tendría una duración de 15 días —es el período mínimo, ampliable de ser necesario—, como es habitual en las consultas públicas previas a proyectos normativos. Sin embargo, hoy, coincidiendo con la apertura oficial del proceso, el ministerio que dirige Carlos Cuerpo confirmó que la duración en este caso será de siete días hábiles. En concreto, se extenderá hasta el 16 de mayo.

¿Quién puede participar?

Cualquier persona física o jurídica potencialmente afectada por la opa. Pueden trasladar su opinión bien directamente o a través de organizaciones representativas. Esto da una segunda oportunidad a todos los colectivos —sindicatos, organizaciones empresariales, asociaciones y agentes económicos— que en su día presentaron alegaciones ante Competencia en contra de la opa, al verse afectados por la operación. Sin embargo, la CNMC no las permitió, admitiendo únicamente las alegaciones de los dos bancos implicados.

¿Cómo participar?

A través del formulario que ya está disponible en la web del Ministerio de Economía. Basta con cumplimentar los datos (cuatro campos, con nombre y apellidos, DNI, organización y correo electrónico) e ir respondiendo a las preguntas (seis en total) que incluye, con las que el Ejecutivo pretende recabar «criterios de interés general afectados por la operación de adquisición de BBVA sobre Banco Sabadell». Cabe recordar que los criterios deben centrarse en los riesgos que la opa suponga para el interés general y la cohesión territorial, pero no para la competencia, pues sobre ese aspecto ya se ha pronunciado (favorablemente) la CNMC.

De hecho, entre las preguntas del formulario está la de «cuál cree que son los criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia que pueden verse afectados por la operación BBVA/Banco Sabadell», dando diferentes opciones para elegir como la libre circulación de bienes y servicios dentro del territorio nacional, la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológicos, la garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial u otros. También permite al ciudadano que escriba (en un máximo de 2.000 caracteres) en qué medida cree que ese interés general puede verse comprometido por la operación y que plantee opciones con las que solventarlo.

Además del formulario, se acompaña un buzón para aportar información adicional.

Cuerpo: «No es para responder opa sí, opa no»

En el mismo foro en el que la víspera Sánchez anunció por sorpresa la consulta pública —la reunión anual del Círculo de Economía, en Barcelona—, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defendió este martes el procedimiento, «totalmente alineado con la normativa», frente a las críticas que está recibiendo. Entre ellas, las del líder de la oposición, Alberto Nuñez Feijoo, que la considera «frívola», «arbitraria» y un «precedente peligroso» para próximas operaciones.

Sin embargo, Cuerpo subrayó que la consulta no se trata sobre si la opa se producirá o no. «No es una consulta ‘opa sí, opa no’. Es una consulta que pide, precisamente, la afectación de esos criterios de interés general, que es lo que tiene que valorar el Gobierno en esta tercera fase», y añadió que la información —que podrá hacerse pública— no será vinculante para el Gobierno.

En declaraciones a la prensa antes de participar en la reunión de empresarios, Cuerpo insistió en que lo que piden es que las partes interesadas «digan si hay algún criterio de interés general distinto al de competencia».

El ministro ha explicado que la consulta tiene la intención de «recabar la información por parte de todos los agentes que puedan verse afectados: ciudadanos, empresarios, organizaciones», y tener toda la información necesaria para hacer una valoración completa sobre si elevar o no la operación al Consejo de Ministros.

Por su parte, el mercado exige transparencia en un proceso que, aunque no sea vinculante, servirá al Ejecutivo para tomar su decisión, mientras que Feijoo afea al Gobierno que solo quiera recabar opiniones sobre los asuntos que le interesan, pero que no lo haga en el Congreso sobre el gasto en defensa. «¿Eso no lo van a consultar?», criticó.