El Gobierno prepara un impuesto para limitar la compra de casas a extranjeros

El Gobierno mueve ficha para sacar adelante el paquete fiscal en materia de vivienda anunciado a principios de año por el presidente Pedro Sánchez, atascado hasta ahora a la espera de su tramitación parlamentaria. El PSOE presentó ayer en el Congreso una proposición de ley en la que se despeja una de las principales dudas sobre cómo se limitará la compra por parte de extranjeros no residentes, factor al que el Ejecutivo achaca parte de la explosiva subida de precios de los últimos tiempos.

En principio, la idea era doblar la carga fiscal de estos compradores. Pero como el impuesto de transmisión de patrimonio recae en las comunidades autónomas —muchas gobernadas por el PP— se ha optado por crear una nueva figura que afectará a todo el territorio, salvo el País Vasco y Navarra, por tener régimen foral.

El ministerio de Vivienda trabaja ya con Hacienda para delimitar el denominado impuesto complementario estatal a la transmisión de bienes inmuebles a no residentes en la Unión Europea, que no estará cedido a las comunidades autónomas. Tan solo estarán exentos de esta carga los «empresarios o profesionales en el ejercicio de su actividad económica», salvo si esta actividad está exenta de IVA, escenario en el que sí pagarían este nuevo tributo, según la propuesta del grupo socialista.

Aunque el plan solo está en fase inicial, la idea es que la base imponible venga determinada por el valor de los inmuebles «salvo precio o contraprestación superior pactada entre las partes, resultando deducibles las cargas que recaigan sobre los mismos, pero no las deudas».

Esta iniciativa, incluso antes de ser concretada, generó una fuerte polémica en los medios internacionales, especialmente los británicos, cuya población presenta una fuerte actividad inmobiliaria en nuestro país, con un 8,7 % de las compraventas totales de extranjeros el pasado año. Los expertos coinciden en que el bum de la demanda foránea explica buena parte del rali de precios reciente. Pero recuerdan que buena parte de esa demanda procede de internacionales que residen en España, con lo que limitar la medida a los no residentes en la Unión Europea no ayudará a solventar el problema.

Según datos del Consejo General del Notariado, este colectivo apenas supuso un 1,6 % del total de las transacciones el pasado año.

Frente a batir

El otro gran reto del Gobierno es el de impulsar la oferta del alquiler, por lo que su plan pasa por imponer un IVA del 21 % a los pisos turísticos, tal y como se negoció a finales del pasado año, cuando no se logró superar el trámite parlamentario. Así, estas casas dejarán de ser consideradas como un negocio y tributarán como actividad económica, siendo las plataformas digitales del sector las responsables del gravamen, para que los propietarios no puedan deducírselo. La Ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, indicó ayer que estas medidas van dirigidas a «preservar la función social de la vivienda frente a cualquier otro fin». Entre ellas, también se plantea un alza de impuestos a las casas vacías, con una actualización del IRPF para una tributación progresiva que ahora oscila entre el 1,1 % y el 2 % y que se actualizará con el Ministerio de Hacienda. Con la medida, «buscamos propiciar que estas casas pasen también a formar parte del alquiler residencial», explicó Rodríguez.

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