Bruselas vuelve a apercibir a España por no adoptar la directiva para acelerar las renovables

Las energías renovables son la gran apuesta de la UE para descarbonizar las economías, pero su despliegue no deja de tropezar con piedras en el camino. En España, al atasco judicial que sufre el sector eólico y al reciente rechazo del Congreso al decreto antiapagón, que ha echado a perder inversiones multimillonarias, se suma el retraso del Gobierno a la hora de adoptar la directiva 2023/2413 para la promoción de energía procedente de fuentes renovables.

Se trata este de un marco normativo que, entre otras cosas, simplifica y acorta los plazos para autorizar proyectos, obliga a crear las denominadas «zonas de aceleración», áreas donde los permisos deben tramitarse en un plazo máximo de un año (seis meses para los proyectos más pequeños). Además, esta directiva considera de «interés público superior» el desarrollo de renovables, priorizando su despliegue por encima de otras cuestiones burocráticas e incluso medioambientales. Asimismo, también fija objetivos obligatorios de uso de energías renovables en el transporte, la edificación y la industria (en esta, con un aumento anual promedio del 1,6 %). 

La directiva en cuestión se adoptó en el 2023. Los Estados miembros debían notificar su adaptación a las legislaciones nacionales antes del 21 de mayo de este año, salvo algunas disposiciones relativas a la concesión de los permisos, cuyo plazo expiró el 1 de julio del 2024. «Hasta la fecha, solo Dinamarca ha notificado la transposición completa de la directiva dentro del plazo legal», explicó este jueves la Comisión Europea, que le da a España y a otros 25 Estados miembros solo dos meses para hacer los deberes. De no cumplir con el requerimiento, Bruselas publicará un dictamen motivado, paso previo a la denuncia en los tribunales (Tribunal de Justicia de la UE). 

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