El BBVA recurre ante el Supremo las condiciones que Moncloa impuso a la opa al Sabadell
ECONOMÍA
Argumenta que las exigencias del Gobierno producen indefensión y perjuicio irreparable y afirma que acudir a la Justicia no interfiere en la opa
14 ago 2025 . Actualizado a las 17:40 h.El BBVA ha puesto toda la carne en el asador para seguir adelante con la opa al Sabadell. Así, no solo mantiene la determinación a pesar de que el banco catalán haya vendido su filial inglesa, el TSB, y anunciado un reparto de dividendos de 2.500 millones, sino que ha llevado al Gobierno de España a los tribunales. Según confirmaron ayer fuentes del entorno del banco vasco, la entidad presidida por Carlos Torres ha recurrido al Tribunal Supremo las condiciones impuestas por el Consejo de Ministros.
Y es que a finales de junio la Moncloa estableció que, de salir adelante la opa, BBVA debería mantener los dos bancos como entidades separadas y con gestiones diferenciadas durante tres años, prorrogables dos más. La medida supuso un impacto en el calendario de las sinergias que el banco vasco esperaba obtener con 850 millones anuales gracias a la operación. No las eliminaba, pero sí las retrasaba en el tiempo y supuso un obstáculo más en un opa que se lleva prolongando ya más de 15 meses.
El caso es que BBVA presentó el pasado 15 de julio un recurso en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contra la resolución del Consejo de Ministros. La entidad considera que la actuación del Gobierno genera una situación de «indefensión o perjuicio irreparable».
Fuentes jurídicas señalan que el recurso no supone ninguna incidencia para la opa: «El proceso sigue su curso», explican. Es más, insisten en que, lejos de entorpecerla, se convierte en un motivo que podría darle más sentido si los jueces dictaminan la retirada de las condiciones impuestas por el Consejo de Ministros.
El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Economía, decidió el 22 de junio endurecer las condiciones con las que Competencia había aprobado la operación el 30 de abril. Fue una medida controvertida que llegó después de una inédita consulta ciudadana sobre la operación y tras la presión de la Generalitat e instituciones catalanas como la patronal y los principales sindicatos. Además, partidos como Junts y ERC, claves en la mayoría que sostiene a Pedro Sánchez en el Congreso, también se posicionaron abiertamente en contra de los planes de BBVA.
La Ley de Defensa de la Competencia contempla la posibilidad de que el Ejecutivo pueda intervenir sobre las condiciones puestas por el órgano de Competencia en la integración de empresas siempre y cuando sea para proteger el «interés general». En el único precedente que hay, la fusión de Antena 3 y La Sexta, así lo hizo el Gobierno presidido por Mariano Rajoy, pero para suavizar los requisitos planteados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
La interpretación de la norma que siempre ha defendido BBVA es que la intervención gubernamental solo puede ser para suavizar las medidas acordadas por la CNMC. El propio presidente de la entidad, Carlos Torres, antes de que se conociera la decisión del Gobierno ya advirtió de que podrían recurrir a los tribunales si la actuación de Moncloa no iba en ese sentido, sino en el de endurecer las condiciones.
También duda de la legalidad de la actuación del Gobierno la Comisión Europea, que el 17 de junio abrió un expediente a España por presunta vulneración de las competencias exclusivas del Banco Central Europeo y la normativa comunitaria en materia de libre circulación de capitales.
Fase decisiva de la opa
BBVA afronta ahora las semanas decisivas de la operación, tras confirmar que mantiene su oferta. El siguiente hito se producirá en septiembre, con la publicación del folleto de la opa y la apertura del plazo para que los 200.000 accionistas del Sabadell decidan si aceptan o no la oferta, una ventana que puede ir de 30 a 70 días.