Así será la nueva Universidad

Manuel Castells ha explicado las líneas maestras de su departamento en materia de tasas, becas, selectividad y personal investigador


Santiago / La Voz

Más simple, más ágil y sobre todo más rápido. Podría ser algo así como el titular de la reforma del sistema de becas que ha emprendido el Gobierno y que además ha sido el primer punto que el ministro de Universidades, Manuel Castells, ha tocado en su comparecencia en el Congreso para explicar las líneas maestras de su departamento. «Vamos a intentar que la convocatoria se resuelva antes de que comience el curso y que los estudiantes tengan información fidedigna sobre cuando, como y cuanto le van a pagar las becas», explicó el ministro.

Más rápido y mayor cantidad. El incremento de la financiación con cargo a los Presupuestos servirá para incrementar las becas que se otorgan por razones socioeconómicas y especialmente en el umbral más bajo de renta. y también para dar impulso a las ayudas para la realización de másteres profesionalizantes, porque «hoy los grados se están quedando cortos para muchos empleos, por tanto becas para el grado hay que extenderlas hacia el máster».

La pata de las becas se complementa con una reducción de las tasas universitarias. El ministerio fulminará el sistema de horquillas que ha llevado a que hoy sea tres veces más barato estudiar Medicina en Santiago que en Barcelona, simplemente porque Cataluña incrementó los precios valiéndose de esa horquilla y Galicia optó sin embargo por congelarlos. ¿Cómo regresarán a la situación precrisis? «Eliminando el sistema de horquillas y poniendo un máximo, no un mínimo». Todo, para «garantizar la posibilidad material de que la inmensa mayoría puedan recibir becas y pagar tasas al alcance de su presupuesto familiar».

La equidad no solo ha estado presente en lo que a ayudas se refiere, sino que también ha sido el término utilizado por el ministro para referirse a cómo tiene que ser el sistema de acceso a la universidad. A preguntas de varios representantes parlamentarios, Manuel Castells ha reconocido que la evaluación de bachillerato, en «términos de equidad no puede ser que cambie tanto de una comunidad a otra» y, aunque las competencias son de las comunidades autónomas, el Gobierno tiene la atribución de «fijar unos criterios básicos comunes que luego son modulados en relación a las comunidades autónomas» y afirmó que esos «criterios mínimos de equidad» los está abordando una comisión con Educación. «Cuando estén», ha dicho sobre el plazo en el que pueden conocerse esos criterios, para luego «autonombrarme» miembro de la comisión ya existente que trata el asunto de la equidad en la selectividad y «ver si se pueden hacer cosas técnicamente correctas, que no invadan competencias y garanticen la igualdad de todos los estudiantes», porque en este asunto «hay mucha demagogia y mucho tecnicismo», ha dicho.

Con todo, el «proyecto estratégico» del ministerio es conseguir un «gran pacto por la universidad» con el máximo consenso que desemboque en la aprobación de una nueva ley de universidades. El propio ministro está ya participando en una ronda de visitas que pasará por todas y cada una de las universidades públicas, en las que un pequeño equipo escuchará tanto al gobierno como a los sindicatos, la representación estudiantil y del personal docente y de administración y se están manteniendo reuniones con organismos como la Conferencia de Rectores, las asociaciones de estudiantes y los sindicatos.

El año que viene, el proceso de consulta se abrirá a los actores políticos, económicos y sociales. «Como resultado de ese amplio proceso, en algún momento del 2021 plantearemos un gran debate» como base para un proyecto de ley de universidades «que no salga de la cabeza de un ministro, sino de una amplia consulta».

Un estatuto del PDI para acabar con el «escándalo» de la precariedad

La ley de universidades es el gran proyecto estratégico del Ministerio de Universidades, pero otra gran revolución en materia de enseñanza superior es el estatuto de PDI en el que trabaja ya el Gobierno, que en los próximos días presentará un primer borrador a los actores implicados.

Un estatuto que entrará en marzo en fase de consulta acelerada y que servirá para crear una serie de figuras contractuales definidas con «retribuciones dignas» y perspectivas regladas de carrera. Una reforma «que no es simplemente laboral, es de remoralización de una universidad desmoralizada» y en la que la «bolsa de precariedad» de su personal es «absolutamente escandalosa», ha denunciado Castells, que con un sonoro «se acabó» ha anunciado la cancelación de los contratos de falso asociado, que en realidad están asumiendo funciones de profesorado de plantilla.

Otro de los proyectos inmediato del ministro es la elaboración de un diagnóstico y estrategia de prevención del abandono de los estudios universitarios, «que es muy preocupante» además de «causante de un despilfarro económico y un trauma psicológico» para los alumnos y sus familias. Se trata de saber si es correcta la hipótesis del equipo de Castells, que achaca el abandono a motivos económicos más que de rendimiento, y poner en marcha medidas para atajarlo.

Uno de cada cinco universitarios gallegos deja la carrera el primer año

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La tasa de abandono es más alta en las ingenierías y mínima en ciencias de la salud

Las orlas de los que se graduaron en el 2017 en Galicia tienen algunos huecos. Siluetas grises que han ido dejando en su lugar todos aquellos que se dieron cuenta de que lo que estaban haciendo no era aquello a lo que querían dedicarse el resto de su vida. Los que encontraron un futuro más allá de las aulas o los que, tristemente, no pudieron seguir costeándose los estudios. Esas siluetas grises son relativamente habituales. O eso es lo que dice la estadística. Casi uno de cada cinco estudiantes de las universidades gallegas que empezaron a estudiar en la promoción que se ha graduado en el 2017 abandonó los estudios. En concreto, el 17 %.

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