Galicia apuesta junto a otras siete comunidades por primar la dispersión en la financiación autonómica

Manuel Varela Fariña
M.Varela REDACCIÓN / LA VOZ

ELECCIONES 23J

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras una rueda de prensa en La Moncloa.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras una rueda de prensa en La Moncloa. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

El ciclo electoral aplazó el debate sobre un modelo caducado desde hace nueve años

03 ago 2023 . Actualizado a las 05:00 h.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció hace justo un año que el Gobierno iba a remitir a las comunidades autónomas una nueva propuesta de financiación vinculada a la población ajustada en ese plazo. Criticó, además, que los gobiernos autonómicos siguiesen «parapetados en el modelo de máximos que cada uno defiende», ya que comunidades de distinto signo político y latitud unieron esfuerzos para defender sus intereses en función de sus realidades.

Galicia conforma un bloque en el norte e interior del país junto a otras siete autonomías que piden centrar ese criterio de población en función del envejecimiento y la dispersión geográfica.

Hay otros dos grandes frentes: Andalucía y las regiones del Levante, que piden reorientar el modelo a las peculiaridades del coste por habitante y el impacto de la población flotante en los servicios públicos; y las más ricas (Madrid, Cataluña y Baleares), que estiman recibir un 17 % menos de lo que aportan. Los integrantes de cada sector comparten problemas más o menos homogéneos, pero las diferencias entre grupos son insoldables.

Todas ellas tuvieron hasta el 31 de enero del año pasado para presentar sus alegaciones a la primera propuesta que había hecho Hacienda para el cálculo de financiación según la población ajustada. Este término es el cálculo que se pretende hacer de cada territorio ponderando sus necesidades en función de determinados criterios demográficos. El objetivo es medir el gasto de cada autonomía de acuerdo a esta variable.

El siguiente avance llegó en julio del 2022, cuando Montero presidió el primer Consejo de Política Fiscal y Financiera presencial desde la pandemia. El encuentro terminó con el anuncio de una financiación récord para las comunidades autónomas el próximo año: 134.336 millones de euros, un incremento del 24 % respecto a este ejercicio. Desde entonces, el debate sobre la reformulación del modelo ha quedado en el aire,.

Condonación de deudas

La mayoría de presidentes autonómicos han reclamado al Gobierno central una quita a las deudas con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), especialmente aquellas con mayor déficit, como Cataluña, Valencia o Andalucía. El debate se intensifica ahora, pero choca con el rechazo a que la negociación se centre en las negociaciones de investidura.

Nueve años sin renovar el sistema

«É preciso reformulalo. Non podemos estar ao albur dos calendarios políticos», alertó el pasado otoño sobre el sistema de financiación autonómica el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, cuando presentó los Presupostos que entraron en vigor el 1 de enero de este año. Galicia cuenta este 2023 con el mayor presupuesto de su historia, gracias a los 9.400 millones que aporta el Estado. Pero esa transferencia se produjo a través de un sistema caducado hace ya nueve años en los que Gobierno central y comunidades autónomas no lograron ponerse de acuerdo.

Fuentes del Ministerio de Hacienda explicaron entonces que el departamento estaba centrado en ese momento en la tramitación de los Presupuestos de este año, por lo que las negociaciones sobre el nuevo sistema quedaban aplazadas sin fecha. La justificación a lo largo de este año fue el ciclo electoral: las municipales de mayo y las generales de julio.

La última reforma del sistema se acordó en el 2009, pero la norma establece que debe revisarse cada cinco años. Una comisión de expertos creada por el Gobierno planteó en el 2017 la constitución de dos fondos: el básico de financiación, formado por la recaudación de recursos propios y cedidos de las comunidades; y el fondo de nivelación vertical, con recursos aportados por el Estado a repartir entre las comunidades para reducir la desigualdad. Las conclusiones y propuestas del grupo de economistas siguen guardadas en el cajón.