El Gobierno blinda Cataluña para el 10N

Galicia se queda sin un solo agente antidisturbios por temor a altercados el día de la votación

Policías antidisturbios durante los incidentes que se produjeron en Barcelona el pasado día 18 de octubre
Policías antidisturbios durante los incidentes que se produjeron en Barcelona el pasado día 18 de octubre

Madrid / La Voz

Tanto desde el Gobierno como desde los partidos constitucionalistas intentan transmitir un mensaje de normalidad de cara a la jornada electoral de este domingo, confiando en que la votación podrá desarrollarse con garantías, y que los ciudadanos catalanes disfrutarán de los mismos derechos que los gallegos o los pacenses a la hora de depositar su voto en las urnas. Este es el mensaje oficial. Sin embargo, a nadie se le escapa que ni en Moncloa ni en los partidos las tienen todas consigo.

Prueba de ello es el enorme operativo policial que Interior ha movilizado para reforzar el dispositivo en Cataluña. Un total de 4.500 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil se unirán a un equipo de unos 8.000 mossos. A estos más de 12.000 agentes todavía hay que añadir los agentes de la Guardia Urbana de los que disponga cada corporación municipal.

La prueba de que Cataluña no votará con absoluta normalidad es que Galicia se quedará este fin de semana sin un solo agente antidisturbios. Unos 160 son los desplazados a esa comunidad. Tres unidades de la UIP atravesaron ayer Os Ancares rumbo a Cataluña, en donde se unirán a los otros dos equipos de intervención policial afincados en Galicia y que desde hace tres semanas fueron movilizados, cuando las calles de Barcelona estallaron tras conocerse la sentencia del Supremo.

Además, este jueves tiene prevista su salida desde Santiago de Compostela un equipo de 12 agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) para contribuir a que los ciudadanos catalanes puedan ejercer su derecho al voto con libertad.

Torra, el mayor pirómano

Como en la semana negra, todos los agentes estarán bajo el mando del cuestionado consejero de Interior, Miquel Buch, cuyo cargo depende directamente de Quim Torra, quien a pesar de ser el presidente de la Generalitat se ha convertido en uno de los actores que más está azuzando a los independentistas para que opongan resistencia en las calles.

Tsunami Democràtic y los CDR, los colectivos que han demostrado una mayor capacidad de movilización dentro del secesionismo más radical, aseguran que el domingo no enturbiarán la jornada, pero para el sábado ya han convocado a sus masas a un gran acto de «desobediencia» en las plazas de toda Cataluña, algo que cuenta con todas las papeletas para ser prohibido por la Junta Electoral Central, al coincidir la llamada con el día de reflexión.

A pesar de este anuncio de tregua dominical, los partidos constitucionalistas creen que no pueden fiarse de aquellos que bloquearon El Prat o que a diario escupen y señalan a sus representantes. Sin embargo, desde la Generalitat parecen empeñados en destacarse como los más pirómanos dentro del independentista, e invitan a manifestarse también el día 10. La consejera de la Presidencia, Meritxell Budó, aseguró que se encargarán de garantizar «todos los derechos», haciendo «compatibles el derecho a votar y el de manifestación», unas declaraciones que han puesto más en alerta a los encargados de la seguridad. 

El miedo a ser señalados

Según datos del Gobierno catalán, el domingo están llamados a votar 5.615.335 catalanes en algo más de 2.700 colegios electorales. En el PSC confían en que todo transcurra dentro de unos cauces democráticos. Dispondrán de unos 5.000 interventores y apoderados distribuidos por los centros de votación de toda Cataluña. «Es una cifra habitual para unas elecciones generales», afirma una fuente del partido. En el PP han pedido «un esfuerzo» a su militancia para incrementar sus comisarios. Todavía no pueden ofrecer datos para toda la comunidad, pero avanzan que en la circunscripción de Barcelona rondarán los 1.600 apoderados, cifras similares a otras generales.

Tampoco Cs parece que vaya a poder contar con mucho más músculo que en otras citas para velar por la higiene democrática. El diputado autonómico Joan García ofrece una explicación: el temor a ser señalado; sobre todo, en los municipios del interior y menos poblados. «Su negocio pintado, su coche con silicona...», expone, detallando algunas represalias que han sufrido compañeros de partido. Se tratan de acciones para amedrentar y promover «un pensamiento único».

García pone un ejemplo con las adversidades que pueda tener un simple elector constitucionalista «al que no le ha llegado la papeleta a casa», pero sostiene que muy pocos «están dispuestos a estar un día entero con una cartulina de Cs. Ser apoderado en un pueblo de Gerona es heroico. La normalidad no existe, no votará con la misma libertad alguien en Badajoz que aquí».

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«¿La Fiscalía de quién depende?... Pues ya está». Con estas ocho palabras Pedro Sánchez abrió este miércoles la caja de los truenos y se convirtió en blanco de una lluvia de críticas, hasta el punto de tener que rectificar, vía Twitter, pocas horas después. Y es que el presidente del Gobierno en funciones presumió este miércoles de que el Ejecutivo manda sobre el ministerio público y que este sigue sus órdenes. Lo hizo durante una entrevista en RNE, al responder a la pregunta de por qué en el debate del lunes se había comprometido -a modo de promesa electoral- a traer de vuelta a España a Carles Puigdemont para ser juzgado.

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