Tras la condena de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado por haber desvelado información confidencial referente a un ciudadano que resulta que es el novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, el Gobierno ha elegido a una mujer, Teresa Peramato, para que lo sustituya.
La noticia es importante, aunque a los más jóvenes os parezca algo aburrida y difícil de situar, porque la dimisión de Ortiz, que fue inhabilitado por el Tribunal Supremo, y el nombramiento de su sustituta son la clave para que la Fiscalía General del Estado, que uno de los pilares del poder judicial —el tercer poder, que junto al ejecutivo y el legislativo completa la división en la que se basan los Estados democráticos— recupere su prestigio y su normalidad.
El nombramiento de Teresa Peramato supone, además, que se rompa un nuevo techo de cristal para las mujeres. Peramato es actualmente —hasta que tome posesión— fiscala de sala jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo y delegada para la protección y tutela de las víctimas en el proceso penal. Tiene una amplia trayectoria en materia de lucha contra la violencia machista. En el 2005 fue nombrada fiscala delegada para la Sección de Violencia Sobre la Mujer en la Fiscalía Provincial de Madrid.