Está acusado de la desaparición de 8.000 millones de pesetas El fiscal solicita para el financiero catalán 19 años de cárcel en el segundo juicio del caso Torras
23 mar 2003 . Actualizado a las 06:00 h.El financiero catalán Javier de la Rosa se volverá a sentar mañana en el banquillo de los acusados para hacer frente a una solicitud de pena de 19 años de cárcel, según el fiscal, y de 36, según el Grupo Torras, personado como acusación particular. El juicio oral, que comenzará en la Audiencia Nacional con diez acusados, afecta a la segunda pieza separada del caso Torras, después de que a finales del año pasado concluyera la vista de la primera, la denominada operación Wardbase, por la que De la Rosa fue condenado a cinco años de cárcel y Manuel Prado y Colón de Carvajal, a dos.En esta ocasión, se investiga la desaparición de unos 7.800 millones de pesetas durante el proceso de venta, en 1988, de la papelera ICSA-Inpacsa (propiedad del Grupo Torras) a la irlandesa Smurfit, así como el desvío a Suiza de más de 3.000 millones a través de la sociedad instrumental Croesus, que llegó a tener el 35% de la papelera.Entre los acusados se encuentra De la Rosa, que era miembro del consejo de administración de ICSA y titular, junto a su esposa, de las cuentas corrientes en bancos suizos a las que se envió gran parte de la plusvalía que Croesus obtuvo de la venta de la papelera, según se explica en el escrito del fiscal. La acusación indica que «varios consejeros de Inpacsa, algunos de los cuales lo eran también de Torras y del propio KIO, conocían que la operación de venta escondía el propósito de apoderare de las plusvalías que se obtendrían revendiendo ICSA a otra compañía desde Croesus».Añade que «la diferencia entre el precio que pagó Smurfit y lo que recibió Inpacsa (casi 8.000 millones de pesetas) se desvió a diversas cuentas corrientes en el extranjero controladas por algunos de los acusados, resultando de ello que los accionistas de Inpacsa ajenos y desconocedores de la operación se vieron privados del principal activo de su compañía por un precio muy inferior a su valor real, en beneficio correlativo de algunos de los acusados».