La Fiscalía Anticorrupción solicita ocho años de cárcel para el financiero Javier de la Rosa, el empresario y ex presidente del F. C. Barcelona José Luis Núñez Clemente, así como para su hijo, Josep Lluís Núñez Navarro, al considerarlos partícipes de una trama de corrupción en Hacienda dentro de Cataluña, que fue descubierta por la policía a finales de la década de los noventa. En concreto, los considera autores de los delitos de cohecho activo, prevaricación y falsedad en documento oficial.
Hasta esa fecha, De la Rosa, que después entró y salió varias veces de la cárcel, era un financiero respetado e intocable, que se codeaba con políticos y hombres de negocios catalanes y del resto de España. A su vez, Núñez era un importante empresario, tras empezar a hacer su fortuna en el sector de la construcción durante el franquismo.
En su escrito de acusación, los fiscales Fernando Rodríguez Rey y Emilio Jesús Sánchez Ulled piden en total penas que suman 126 años de cárcel para los catorce imputados, entre los que se encuentran ex altos cargos e inspectores de Hacienda.
A juicio de los representantes del ministerio público, todos ellos mantuvieron «corruptos contactos» con empresarios que les aportaron «significativas recompensas económicas» para que actuaran de forma «torticera e irregular».
Entre los acusados destaca el ex jefe de la delegación regional de la Inspección de Hacienda en Cataluña Josep Maria Huguet, para quien se solicitan 16 años de prisión. También aparecen en la lista el ex inspector Manuel Abella (que se enfrenta a una pena de 19 años), el abogado Juan José Folchi (12 años) y el que fuera candidato de Alianza Popular a la presidencia de la Generalitat en 1984, Eduardo Bueno (4 años), ahora retirado de la política. Los fiscales piden también el pago de una multa de cuatro millones de euros a De la Rosa, Huguet y Folchi, y otros dos millones a Núñez y su hijo.
«Pacto de silencio»
La policía empezó a investigar esta trama de corrupción en la Hacienda catalana a raíz de las diligencias judiciales abiertas contra varias sociedades. Estaban en el punto de mira los grupos Torras, Núñez y Navarro, Ibusa y Kepro, así como el propio Huguet, el jefe de la Unidad Regional de Inspección, Manuel Abella, y el inspector Roger Bergua. Según la Fiscalía, Huguet y Abella habrían cometido delitos de cohecho pasivo, prevaricación, falsedad en documento oficial y omisión del deber de perseguir delitos.
También considera que Huguet, Bregua y otros funcionarios de Hacienda, «torcieron intencionadamente el ejercicio de sus funciones públicas» a cambio de cuantiosos beneficios económicos. Además, sellaron un «pacto de silencio» para trabajar en un clima «de no injerencia y discreción, pues a ninguno le favorecía inmiscuirse en los asuntos de los demás».
La acusación concluye que los empresarios imputados otorgaron ventajas patrimoniales a los mandos e inspectores de Hacienda imputados, y estos a su vez «obviaron toda comprobación efectiva de los elementos fiscalmente irregulares, omitiendo en su caso la denuncia de posibles delitos fiscales.