El tribunal debe decidir si avala los cambios en la ley que lo regula, que fueron recurridos por los populares
13 mar 2008 . Actualizado a las 02:00 h.El Tribunal Constitucional se aseguró ayer que sea una mayoría progresista la que decida si admite o no a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado el verano pasado por el PP contra la ley de reforma la institución y que, entre otros puntos, prorroga el mandato de la presidenta hasta que se produzca la renovación del tribunal. El pleno de la institución decidió ayer, por seis votos contra dos, aceptar la recusación presentada por el Gobierno contra los magistrados conservadores Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata, por considerar que ambos están contaminados para debatir sobre el recurso del PP, ya que en junio se pronunciaron de manera pública contra esa reforma legal.
La recusación fue admitida con los votos de cinco magistrados progresistas y del conservador y presidente accidental Vicente Conde. Los otros dos magistrados conservadores presentes -Javier Delgado y Ramón Rodríguez Arribas- se opusieron a la exclusión de sus compañeros y anunciaron la presentación de sendos votos particulares a la resolución.
La Abogacía del Estado, en nombre del Gobierno, recusó en octubre pasado a ambos magistrados por considerar que habían perdido su imparcialidad para discutir el recurso, ya que «tomaron postura de forma inequívoca, radical y rotunda» en relación con la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional aprobada en mayo por las Cortes e impugnada en julio por el PP. La Fiscalía apoyó las dos exclusiones.
La razón de las recusaciones fue que García-Calvo y Rodríguez-Zapata escribieron en junio pasado una carta a la presidenta del tribunal, María Emilia Casas, en la que le recordaban, pese a lo dispuesto en el cambio legal, que su mandato y el del vicepresidente habían expirado y que tenían que presentar su dimisión.
En la misiva, que sin éxito quisieron llevar al pleno para su discusión y para forzar así las dimisiones, mostraban su «muy profunda discrepancia» con la reforma legal después recurrida porque los mantenía en sus puestos. El resto de los magistrados ya se negó entonces a tomar en consideración el contenido de la carta justo para evitar el peligro de contaminación ante un posible recurso posterior, que el PP acabó por presentar días después.
El pleno, que ayer discutió el asunto durante cinco horas, estuvo compuesto solo por ocho de los doce magistrados del Constitucional, los justos para garantizar el quórum legal que permite reunirse. Del tribunal estaban excluidos la presidenta y el vicepresidente -que tuvieron que abstenerse por estar concernidos por la reforma recurrida- y los dos juristas recusados por el Ejecutivo.
El tribunal intentará resolver el recurso del PP en breve porque este partido también considera ilegal el nuevo sistema impuesto por la norma para que el Senado renueve a tres de los magistrados del Constitucional con la participación de los parlamentos autonómicos. El asunto debería estar resuelto para cuando se constituya la Cámara, ya que sus miembros tienen entre sus asuntos pendientes la renovación de los tres magistrados.
Las recusaciones del Gobierno han tenido un final muy distinto a las intentadas por el PP. Los populares, tras conocer las impugnaciones de García-Calvo y Rodríguez-Zapata, trataron de excluir del tribunal a tres de los magistrados progresistas, a los que acusaron también de estar contaminados por mostrarse favorables a la reforma. Sin embargo, el tribunal rechazó en noviembre tomar en consideración las recusaciones y dio un gran varapalo al PP, por considerar que estaban basadas en hecho falsos.