Todos los grupos respaldan el diseño de la nueva oficina judicial, con discrepancias mínimas.
27 may 2009 . Actualizado a las 12:13 h.El Congreso alcanzó hoy un consenso casi unánime para aprobar la ley que va a modernizar y agilizar el funcionamiento de los juzgados y tribunales españoles. Se trata del primer gran pacto parlamentario para la mejora de la justicia que se consigue en, al menos, los últimos veinte años.
Todos los grupos políticos, de izquierda a derecha incluidos los nacionalistas, firmaron hoy el bloque de enmiendas que en las próximas semanas se incorpora al proyecto de ley de nueva oficina judicial, antes de que lo apruebe de manera definitiva el pleno del Congreso. De forma adicional, varios grupos han presentado sus propias enmiendas de matiz a otros aspectos de la norma.
En el bloque de cambios conjunto sólo hay dos discrepancias conocidas. Una, la oposición de IU-ICV a la enmienda que acotará los límites para que los tribunales españoles puedan investigar delitos ocurridos en el extranjero, en aplicación de la justicia universal. Otra, el rechazo de los nacionalistas a la disposición adicional que estable que los particulares estarán obligados a depositar una fianza o depósito si quieren recurrir cualquier resolución judicial. Los nacionalistas no se oponen al establecimiento de la fianza, que busca reducir la gran cantidad de recursos inútiles o en fraude de ley, lo que se oponen es a que el Gobierno se quede con parte de estos ingresos cuando las competencias de justicia están transferidas a las comunidades autónomas.
Las enmiendas presentadas al proyecto de ley, que incorporan al texto buena parte de las reivindicaciones negociadas desde hace semanas con los colectivos de la justicia, han sido bendecidas hoy por los responsables del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El amplio acuerdo político sobre el contenido de la ley permitirá que los trámites para su aprobación por el Congreso se aceleren. No obstante, la cercanía del verano hará imposible que el Senado pueda aprobar la reforma legal en este período de sesiones, que termina el 30 junio, por lo que su publicación en el BOE no se producirá hasta el otoño. Los cambios establecidos en la ley no podrán aplicarse hasta 2010, ya que las dificultades organizativas y de puesta en práctica obligarán, probablemente, a que la entrada en vigor se produzca meses después de su aprobación parlamentaria.
Siete bloques
El consenso político respalda una docena de enmiendas repartidas en siete bloques. Las modificaciones diseñan un nuevo reparto de papeles entre jueces y secretarios para manejar la agenda de señalamiento de vistas y juicios; habilitan al secretario judicial a no tener que estar presente en las vistas y declaraciones sencillas que puedan ser grabadas, y suprimen el traslado forzoso de los jueces que ascienden a la categoría de magistrados, que causaba grandes disfunciones en los juzgados y problemas familiares.
Los cambios regulan unas vacaciones para los jueces similares a las del resto de funcionarios y crean la figura del juez de adscripción territorial, que será un juez de carrera que se encargará en cada comunidad de cubrir vacantes, ausencias prolongadas o de realizar refuerzos sin tener que recurrir a juristas interinos.
Uno de los cambios más llamativos son los límites que se establecerán al ejercicio por la Audiencia Nacional de la justicia universal. Ya sólo se podrán perseguir delitos graves ocurridos en el extranjero si los responsables están en España, si las víctimas son españolas o si el asunto tiene una «conexión relevante con España».
La Audiencia Nacional siempre tendrá que actuar de forma subsidiaria a los tribunales del país competente o a la corte penal internacional. Es decir, podrá investigar si se cumplen las condiciones anteriores y si los citados jueces no han iniciado ya una indagación «efectiva» sobre los hechos.
El tribunal central español, además, tiene la obligación de archivar la investigación cuando tenga noticia de que los tribunales competentes abren una equivalente y no podrá iniciar actuaciones si estos órganos ya han absuelto o indultado a los presuntos responsables de los delitos o si ya han cumplido condena por estos hechos.