El PSOE y el PNV registraron ayer en el Congreso una enmienda conjunta que tiene muchas posibilidades de convertirse antes de fin de año en la fórmula concreta que adoptará la reforma legal que permitirá blindar el Concierto Económico vasco. La enmienda, que posiblemente será aprobada con el apoyo de los demás grupos nacionalistas, garantiza que las normas tributarias emanadas de las tres diputaciones forales, las instituciones que legislan y recaudan los impuestos en el País Vasco, tendrán, pese a no ser leyes, rango equivalente al de las normas de los Parlamentos autonómicos. La equiparación reconoce la singularidad del sistema fiscal vasco.
Como en el caso del resto de leyes autonómicas, estas normas solo podrán ser recurridas ante el Constitucional y no ante cualquier juzgado ordinario, como ocurre ahora. Los únicos legitimados para recurrir serán el Gobierno, el Defensor del Pueblo o cincuenta diputados o senadores, y no cualquier ciudadano o Gobierno autonómico. Los órganos forales vascos podrán, asimismo, plantear conflicto de competencias ante el Constitucional si creen que una ley estatal ha invadido su terreno exclusivo. Estas reformas se plasmarán con una disposición adicional a la ley del Constitucional, una enmienda a la del Poder Judicial y una disposición final en la norma que regula la jurisdicción contencioso-administrativa.