El presunto cerebro de la trama de corrupción municipal en Marbella, José Antonio Roca, admitió ayer que se sumó con dinero «opaco» a un pelotazo inmobiliario que, junto a sus tres socios, les reportó seis millones de euros en beneficios, que, en consecuencia, según reconoció, había ocultado a Hacienda. «La pregunta es fácil, señor fiscal; si yo participo con dinero opaco a las autoridades españolas, difícilmente voy a declarar el beneficio a las autoridades españolas», fue la respuesta que dio Roca al ministerio público cuando le preguntó sobre la razón que lo llevó a ocultar al fisco los 1,5 millones que había ganado personalmente.
En su primera declaración ante el tribunal que juzga el caso Malaya, el ex asesor de urbanismo del Ayuntamiento de Marbella reconoció los detalles de la operación, a la que aportó 742.000 euros procedentes de otra operación ilícita. Y explicó que el máximo responsable de la política urbanística en la ciudad era el entonces alcalde ya fallecido Jesús Gil, que establecía «siempre» las condiciones de los convenios y tenía la última palabra, mientras que el área que él controlaba se limitaba a elevar propuestas.
Interviene Jesús Gil
Roca desveló que había hablado con Gil una semana antes de que se aprobara el proyecto y que fue el propio regidor quien, al enterarse de que uno de los socios inversores de Roca era su ex teniente de alcalde Pedro Román, modificó un convenio que ya existía sobre la parcela que iban a comprar para duplicar la cesión de los aprovechamientos. Así, a los nuevos compradores se les exigieron 240 millones de pesetas frente a los 60 que reclamaba al comprador inicial.
Roca, que se enfrenta a una petición fiscal de 30 años de prisión, señaló incluso que en esta operación «no le regalaron nada». Explicó que cuando él y el otro socio minoritario, el ex comisario Florencio San Agapito, entraron a formar parte de la sociedad, el valor de la parcela que iban a adquirir rondaba los 4,9 millones de euros, por lo que aportaron en relación a esa cantidad, aunque los socios originarios -Pedro Román y el abogado Juan Hoffman- aportaron sobre los 4,3 millones en los que fue comprada finalmente.
Antes de su comparecencia, había prestado declaración ante el tribunal precisamente el ex comisario Florencio San Agapito, que aseguró que jamás había hablado con José Antonio Roca y que si se incorporó a la operación urbanística fue porque se lo había propuesto Román con el argumento de que él no tenía capacidad económica para afrontarla en solitario.