La Abogacía del Estado dice en el recurso que la coalición es el plan b de ETA
28 abr 2011 . Actualizado a las 06:00 h.El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, impugnó ayer las 254 listas de la coalición Bildu y una veintena de agrupaciones electorales para el 22-M porque considera que son «un instrumento» del complejo ETA-Batasuna y una «continuidad o sucesión» de las ilegalizadas en anteriores comicios. Las listas, según el recurso, forman parte de un plan de la organización terrorista para, en unos casos, «cubrir el espacio electoral perdido» con las ilegalizaciones de las distintas marcas de la izquierda aberzale, y, en otros, para «continuar en las instituciones democráticas» ocupadas por fuerzas que después fueron ilegalizadas, como ANV. En definitiva, según el recurso, Bildu, es el plan b, de ETA; Sortu, el partido frustrado, era el plan a; y las agrupaciones electorales, «el plan c residual».
El abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, se presentó en el Tribunal Supremo con abundante documentación repartida en cinco cajas. En ellas iban, además de los dos escritos impugnatorios sobre Bildu y una veintena de agrupaciones electorales de 80 y 41 folios, cinco informes de la Policía Nacional, tres de la Guardia Civil, uno de la Ertzaintza, otro de la Policía Foral de Navarra, transcripciones de conversaciones intervenidas a miembros de la izquierda aberzale y a presos de ETA, documentos internos de la organización terrorista, acuerdos políticos de Bildu, autos judiciales y un dosier de prensa.
«Gestionada, dirigida»
De Fuentes coincidió allí con el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que presentará hoy su impugnación. Ambos compartieron un diagnóstico rotundo: Bildu está «gestionada, dirigida, articulada y coordinada» por Batasuna y ETA. El fiscal fue incluso un poco más allá y señaló que la formación ilegalizada, bajo el disfraz de los independientes, es «directamente el tercer partido» de la coalición que también comparten Eusko Alkartasuna y Alternatiba.
Ambos se apoyan en los informes de la fuerzas de seguridad, sobre todo uno de la Guardia Civil en el que se subraya que de los 3.495 candidatos que figuran en las 254 listas impugnadas, casi la tercera parte, 1.014 «presentan vinculaciones con los partidos ilegalizados», Batasuna, ANV u otra marca aberzale. El informe dice que hasta en 46 de las candidaturas más del 20% de sus integrantes están «vinculados al complejo ETA/Batasuna». Destaca Bilbao, en la que, según ese recuento, afecta al 66,6%, no así San Sebastián y Vitoria, donde no llegan al 20%.
También destaca el peso cuantitativo de los independientes de la izquierda aberzale en Bildu, al punto de que la coalición presenta «entre 50 o 70 candidaturas» más que las que llevaron a los comicios del 2007 Eusko Alkartasuna y Alternatiba. La Guardia Civil constata asimismo que las listas de Bildu «en la mayoría de los casos» están encabezadas por dirigentes de Batasuna, mientras que los otros dos partidos quedan «manifiestamente marginados».
Condenas pactadas
La Abogacía del Estado detalla que el grado de imbricación de ETA y Bildu es tal que han pactado la fórmula de condena de los atentados. En un documento interno incautado a presuntos etarras se establece que la coalición debe «denunciar cualquier violación de los derechos humanos, incluidas las acciones de ETA». Los servicios jurídicos concluyen que las condenas tienen «un mero valor instrumental» porque ETA las fija. Lo que pretende, agregan, es mantener la coalición sin comprometer a EA y Alternatiba, que siempre condenaron los atentados.
La Sala 61 del Supremo
Antes de la medianoche del sábado deberá pronunciarse.
El Tribunal Constitucional
De haber recurso de amparo, el Constitucional debe emitir veredicto antes de que se abra la campaña electoral (el día 6).
Abogacía y Fiscalía
La ley electoral permite hasta esta fecha nuevas impugnaciones si surgiesen otras pruebas contra listas validadas.