Los abogados Íñigo Iruin y Adolfo Araiz denuncian que el veto a Sortu no fue más que una «ilegalización preventiva»
19 may 2011 . Actualizado a las 06:00 h.Sortu recurrió ayer ante el Tribunal Constitucional (TC) la decisión del Supremo que el pasado marzo lo dejó fuera de las elecciones del próximo domingo al negar la inscripción del partido en el registro del Ministerio del Interior por considerar que la formación es una sucesión fraudulenta de la ilegalizada Batasuna. En su vasto alegato de 174 páginas, los abogados Íñigo Iruin y Adolfo Araiz denuncian que el veto a Sortu no fue más que una «ilegalización preventiva» porque, dado que era una formación de nuevo cuño, fue proscrita sin basarse en sus «actividades o conductas», solo en «juicios de intenciones» que, como dijo el propio TC, «pugnan groseramente con el régimen de libertad de creación de partidos garantizado por la Constitución».
El recurso de amparo de Sortu -tardará meses, sino años en resolverse- denuncia la violación de «los derechos de asociación, creación de partidos, libertad ideológica, libertad de expresión y participación política». En su escrito apela a la reciente sentencia del Constitucional del 5 de mayo, en la que por un estrecho margen de 6 votos contra 5 rectificó al Supremo y dio luz verde a Bildu para concurrir al 22-M. «La pretensión de asegurar a ultranza, mediante controles preventivos, la seguridad del Estado constitucional pone en primer lugar en riesgo al propio Estado constitucional», explica una reproducción literal de uno de los párrafos del fallo sobre la coalición de EA, Alternatiba e independientes aberzales.