El Gobierno en funciones de Castilla-La Mancha y el PP restablecieron ayer sus relaciones y siguen el traspaso de poderes tras cuatro días de rifirrafe político. Esto sucedía solo horas después de que el Ejecutivo de José María Barreda (PSOE) anunciara que suspendía los contactos por las acusaciones de los populares manchegos de que estaba en «quiebra total».
Al mismo tiempo que se reunían el consejero de Presidencia, Santiago Moreno, y el secretario general del PP, Vicente Tirado, la vicepresidenta y responsable de Economía, María Luisa Araújo, comparecía para lanzar un mensaje de tranquilidad sobre las cuentas. Presentó los datos del 2010, cifró en 416 millones la deuda con los proveedores a finales de abril, la quinta parte de los 2.000 millones que había denunciado el PP, y negó que haya facturas escondidas.
Las cuentas muestran que Castilla La-Mancha fue la comunidad con más déficit público acumulado el 2010, un 6,45 % del PIB autonómico, y que la deuda era de 5.819 millones, el 16,5 %. Araújo denunció la «irresponsabilidad» del PP por socavar la confianza de los mercados en la economía regional, hasta el punto de que recibió una llamada de la agencia Moody?s «alarmada». Atribuyó las declaraciones «sin pruebas ni datos» del PP a una estrategia para justificar futuros recortes sociales.
Del encuentro entre Moreno y Tirado se extrajeron tres conclusiones: volverán a reunirse esta semana, el PP insiste en solicitar información y el Gobierno solo aportará documentos a los consejeros que nombre María Dolores de Cospedal una vez que tome posesión en dos semanas. De hecho, Moreno acudió ayer sin un solo documento.