El tribunal pide un reproche social para los condenados por sobornar a inspectores, y para estos por aliarse con los fuertes
31 jul 2011 . Actualizado a las 06:00 h.La Sección Novena de la Audiencia de Barcelona rechazó ayer la petición cautelar de la Fiscalía para encarcelar a la cúpula corrupta del caso Hacienda, aunque ordenó retirar el pasaporte a los exinspectores condenados Josep María Huguet, Manuel Abella y Álvaro Pernas, que deberán comparecer cada quince días en el juzgado.
Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, también desestimó la solicitud del fiscal de dictar prisión bajo fianza de 300.000 euros para el abogado condenado, Juan José Folchi, y de 50.000 para el exinspector Roger Bergua, aunque también se les retirará el pasaporte y deberán acudir quincenalmente al juzgado.
En cambio, aceptó la petición de medidas cautelares planteada por la Fiscalía para que se retire el pasaporte y se ordene que cada quince días comparezcan en el juzgado el expresidente del F. C. Barcelona y constructor José Luis Núñez Clemente, su hijo Josep Lluis Núñez y Navarro, y su asesor financiero, Salvador Sánchez Guiu.
De esta forma, el tribunal acordó una misma medida cautelar para los ocho principales implicados del caso Hacienda condenados con penas de cárcel, que a la espera de que se resuelvan los recursos que presentarán al Supremo eludirán la prisión, aunque se les retirará el pasaporte y deberán ir al juzgado los días 1 y 15 de cada mes.
La sección novena, que estuvo reunida hasta la madrugada de ayer para deliberar y estudiar la petición de la Fiscalía y los alegatos de las defensas, resolvió finalmente fijar la misma medida cautelar para todos los condenados (por delitos de cohecho y falsedad documental). Además, acordó solicitar al abogado de Pernas que en el plazo de dos días aporte documentación sobre su paradero (al parecer, se halla en Santo Domingo, donde le están tratando un cáncer).
En la sentencia del caso Hacienda, el tribunal pidió un reproche social para los empresarios condenados por sobornar a inspectores y sobre todo para la cúpula corrupta de la Administración de Hacienda en Cataluña, que se alió con los «económicamente fuertes», mientras era «excesivamente rigurosa» con el resto de ciudadanos.
Según la sentencia que los condena, los empresarios sobornaron con donaciones valoradas en más de un millón de euros a los entonces inspectores Manuel Abella y Roger Bergua, lo que les permitió dejar de declarar y embolsarse más de 13 millones de euros.