El sector pide un aval financiero del Estado ante los bancos para evitar problemas de abastecimiento en las boticas
13 ago 2011 . Actualizado a las 06:00 h.La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, anunció ayer que las farmacias que secundaron el paro del jueves serán expedientadas, por lo que se enfrentarán a sanciones de entre 3.000 y 15.000 euros. De Cospedal justificó la medida porque «lo que tiene que hacer el Gobierno es cumplir con su obligación, y tenemos la obligación de hacer cumplir la ley», y aseguró: «Vamos a comenzar el procedimiento sancionador y lo que se derive del procedimiento se aplicará».
De Cospedal se manifestó así en una rueda de prensa junto al consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, un día después de que más del 70 % de las farmacias de la región cerraran para reclamar el pago de los 125 millones de euros que les debe la comunidad por los medicamentos con receta.
Echániz, que se mostró confiado en alcanzar un acuerdo con las farmacias, responsabilizó de la falta de liquidez de la Junta de Castilla-La Mancha al anterior Ejecutivo del socialista José María Barreda por haber gastado más del 80 % del presupuesto anual de sanidad en junio, cuando se hizo el relevo en el Gobierno regional. «Los farmacéuticos tienen razón en sus reivindicaciones, pero no en las formas», indicó el consejero, que resaltó que las farmacias no cobraron el último pago que debería haber realizado el Gobierno de Barreda.
Según el Gobierno castellano-manchego, una solución provisional para los farmacéuticos es que suscriban créditos bancarios con las facturas pendientes de pago de la Junta como aval, porque «no hay dinero y es un trámite muy sencillo», declaró Echániz.
Situación insostenible
El presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), Fernando Redondo, calificó de «grave e insostenible» la situación. Fernando Redondo explicó que las farmacias españolas llevan diez años perdiendo ingresos por las políticas sanitarias públicas, «que han recortado nuestros márgenes de beneficio y han reducido los precios industriales del medicamento» mientras sus costes han seguido creciendo.
Como solución, propuso un aval del Estado, «como se hizo con el sistema financiero porque las comunidades autónomas no tienen dinero para afrontar esta situación». De lo contrario, afirmó, habrá problemas de desabastecimiento en las boticas, como ocurre en algunos puntos de Castilla-La Mancha. La presidenta de la Federación de Empresarios Farmacéuticos de Castilla-La Mancha, María Dolores Espinosa, alertó de que si la situación no se corrige dejarán de considerar la receta como un justificante de pago, porque es «un cheque sin fondos», utilizándola solo para dispensar. Esto significa que empezarían a cobrar a los ciudadanos el importe íntegro de los medicamentos y devolverían a los usuarios «su factura» o receta para que «vayan a cobrarla a su servicio de salud», dijo.