Argumentan que la Constitución lo prohíbe y da las armas para impedirlo
22 dic 2012 . Actualizado a las 07:00 h.El Gobierno ha decidido bajar el diapasón ante el riesgo de que Cataluña emprenda el camino hacia el secesionismo de la mano de CiU y su nuevo socio, ERC. La estrategia de responder a la amenaza con una amenaza mayor parece desterrada y, en un claro intento de no dar argumentos que engorden el discurso del agravio, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría prometió ayer no «confundir planos» y trabajar porque los catalanes «padezcan lo menos posible los rigores de la crisis y la falta de financiación».
En la práctica, eso significa que pese a la intención de Artur Mas de llevar a cabo una consulta sobre la independencia en el 2014, los mecanismos puestos en marcha por el Ejecutivo para prestar asistencia financiera a Cataluña, y al resto de autonomías que tienen cerrado el acceso a los mercados, no serán utilizados como arma. «Este Gobierno -adujo- lo es también de Cataluña y de los catalanes», aunque recordó a Mas que no puede haber consulta porque no lo permite la Constitución.
Sea lo que sea que proponga Artur Mas, que ayer invocó una reforma legal que ampare la celebración del referendo, el Gobierno insistió en que bajo ningún concepto lo habrá. Y en esa línea tiene el apoyo firme del PSOE, pese a que el PSC anunció el jueves que no lo impedirá y se abstendrá en todo el proceso previo a la consulta. La número dos de los socialistas, Elena Valenciano, aseguró que su partido «no se va a mover» de su posición contraria a la celebración del referendo y que hablará de ello con los socialistas catalanes.
Sáenz de Santamaría advirtió el pasado miércoles en el Congreso que el Estado dispone de los instrumentos legales necesarios para frenar el referendo en el supuesto de que CiU y ERC lleguen hasta su convocatoria formal. Pero Mariano Rajoy confía en que las cosas no lleguen tan lejos. Y, en todo caso, considera que agitar el fantasma de la intervención es contraproducente y no ayudará a encauzar la situación.
De ahí, el guante blanco exhibido por la vicepresidenta en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros. «El Gobierno no habla de hipótesis. Tiene que actuar, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes en el caso de que se produzcan actuaciones que son contrarias a las mismas». En varias ocasiones, la número dos del Ejecutivo apeló a la necesidad de estabilidad y de colaboración institucional para hacer frente a la crisis económica. Y fue difícil sacarle de ahí. «Este es un momento para construir y no para debatir sobre asuntos que crean problemas», adujo.