La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública presenta una reclamación y Facua llama a la «insumisión», mientras el Gobierno recurrirá este mes al Constitucional
02 ene 2013 . Actualizado a las 22:20 h.Las farmacias de Madrid amanecieron con numerosos carteles informativos que denotaban que no era un día cualquiera. En ellos se recordaba a los ciudadanos que debían abonar un euro por cada receta. Los establecimientos se convirtieron en centros de dudas, receptores de quejas e intermediarios en las objeciones de los clientes por la implantación de la polémica tasa que, aunque entró en vigor el día 1 (festivo), se dejó notar este miércoles. Una medida aprobada por el Gobierno de Ignacio González a pesar del rechazo de farmacéuticos, ciudadanos, Consejo de Estado, partidos de la oposición y hasta del Ejecutivo de Mariano Rajoy -que la recurrirá al Tribunal Constitucional este mes-. La Comunidad de Madrid, que imita a Cataluña con esta medida, insiste en que la finalidad no es recaudatoria, sino disuasoria. Sin embargo, diversas asociaciones sanitarias y de consumidores han puesto en marcha una serie de baterías legales para tratar de paralizar la tasa.
La entrada en vigor del euro por receta solo es el comienzo de una larga batalla jurídica. La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (ADSP) fue de las primeras plataformas en reaccionar. Este mismo miércoles presentó una reclamación ante la Defensora del Pueblo y la Fiscalía General del Estado solicitando la paralización de la aplicación. Consideran que esta medida es ilegal por invadir competencias exclusivas del Estado, ya que grava unos fármacos incluidos en el Sistema Nacional de Salud.
También argumentan que supone una discriminación a los ciudadanos, que en unas partes de España pagan por una receta y en otras no. En su escrito se remiten al dictamen del Consejo de Estado del 21 de junio, en el que el principal órgano consultivo del país apreciaba signos de «inconstitucionalidad» al analizar la misma medida aplicada en Cataluña.
Pero no son los únicos en protestar. Desde Facua llamaron a los ciudadanos a la «insumisión» para una tasa que su portavoz, Rubén Sánchez, consideró «inaceptable». Esta organización -y otras muchas- recordaron a los ciudadanos que pueden negarse a pagar el euro. Tan solo deben entregar en la farmacia un escrito donde formulen los motivos de su queja y una fotocopia del DNI. Quienes decidan esta fórmula para protestar se arriesgan a un recargo del 20%. «Entendemos que esta medida es un repago más, un atentado contra el sistema público de salud», afirmó Sánchez.
Sin embargo, la mayoría de los clientes optaron por pagar el euro correspondiente con enfado y resignación. Los calificativos de «vergonzoso» e «injusto» fueron de los más repetidos entre los usuarios, que veían en esta tasa un nuevo repago. «El farmacéutico tiene que oír las quejas e intentar explicar en qué consiste y aguantar el malestar que manifiestan los pacientes», explicó el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, Alberto García.
Las quejas de los pacientes se unían a la de parte de los farmacéuticos por la carga burocrática que les supone esta medida. Un problema agravado por el retraso en la instalación de un programa informático que permite a las farmacias conocer si el paciente ha alcanzado el tope máximo de 72 euros anuales previsto para los enfermos crónicos. Y eso que desde la consejería de Sanidad se mantenía hasta los días previos a la entrada en vigor que los procedimientos informáticos estarían listos. También quedan exentos las pensiones no contributivas, parados de larga duración sin ningún subsidio de desempleo, personas perceptoras de rentas de integración social, minusválidos y afectados de síndrome tóxico.
Oposición de Rajoy
Pero la principal oposición se encuentra, paradójicamente, en el Gobierno central. El propio Mariano Rajoy avanzó que el Ejecutivo tomaría la misma determinación con Madrid que con Cataluña, es decir, recurrir al Tribunal Constitucional. Fuentes de la Moncloa creen que la medida se tomará este mismo mes de enero. Una situación que la consejería de Sanidad madrileña ya daba por descontada tras mantener múltiples conversaciones con el Ministerio en las semanas previas a la entrada en vigor de la tasa. «Deseamos convencer al Gobierno. Pero si el Gobierno no lo entiende será el Constitucional quien decida», explicó el consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, al anunciar la aprobación de la iniciativa.
«La implantación de esta tasa se produce en un momento muy duro de una crisis económica muy profunda», explicó Lasquetty. La Comunidad de Madrid insiste en que la medida no es recaudatoria, sino disuasoria.
«El objetivo es que los usuarios solamente retiren de las farmacias aquellos medicamentos que necesiten y vayan a utilizar», aseguró Lasquetty.