El Poder Judicial pide explicaciones al instructor del caso Nóos por sus viajes para interrogar a testigos e imputados
13 feb 2013 . Actualizado a las 07:00 h.Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella defendieron ayer el acuerdo que la sociedad municipal Madrid 16 firmó con la fundación de Iñaki Urdangarin y que reportó al duque y a Diego Torres 120.000 euros en donaciones sin que la fundación realizara trabajo alguno. Cerraron filas con la exconsejera de la candidatura olímpica Mercedes Coghen, responsable última de que se entregaran 6.000 al mes durante dos años a la Fundación Cultura, Deporte e Integración Social (FCDIS), sin que las partidas fueran autorizadas en documento alguno. El ministro aseguró que Coghen, ya imputada en el caso Nóos, «hizo siempre lo que pensaba en aquel momento que era mejor para la candidatura». En esta línea, Botella dijo estar «totalmente convencida» de que la exjugadora de hockey actuó de buena fe cuando aprobó la «donación».
«El tema de hacer lobby es difícil de cuantificar», señaló la alcaldesa sobre la explicación que Coghen dio ante el juez José Castro la pasada semana. Arguyó que Urdangarin cobró por las gestiones que hacía con el Comité Olímpico Internacional (COI) para promocionar Madrid. Los gestores de la candidatura presentaron un documento de FCDIS en que Torres y Urdangarin dijeron tener contactos con 31 de los miembros del COI a los que podría «acceder con cierta facilidad». En el listado, el yerno del rey incluía, entre otros, a Alberto de Mónaco o la princesa Ana de Inglaterra, además de otros miembros de familias reales de países árabes.
Además de Coghen, el juez se desplazó a Madrid recientemente para interrogar al ex director general de Madrid 16 Miguel Villa y el ex director financiero Gerardo Corral, amén de siete testigos, como el delegado municipal de artes, Fernando Villalonga, quien denunció ante la Fiscalía las 18 «donaciones» del consistorio a FCDIS sin respaldo legal entre el 2007 y el 2009.
Este viaje y el que hizo Castro a Barcelona han levantado suspicacia en el Consejo del Poder Judicial. Su comisión permanente, por tres votos a favor, entre ellos el presidente, Gonzalo Moliner, y dos en contra, reclamó al juez que explique las «circunstancias excepcionales» que lo llevaron a la capital catalana para diligencias que declaró secretas. La comisión ya le había pedido explicaciones por su visita a Madrid, que destapó el convenio con la fundación FCDIS.