Con la imputación de Pujol, la corrupción salpica de lleno a CiU, formación que gobierna Cataluña desde el 2010. Además del caso ITV, en el que están imputados otros dos exaltos cargos convergentes, la federación nacionalista tiene imputado, en el marco de la operación Clotilde en Lloret de Mar (Gerona), a Xavier Crespo, diputado autonómico, Convergència tiene su sede embargada por el caso Palau, y Unió, el socio menor, ha sido condenada recientemente por financiación ilegal en el proceso Pallerols.
Los problemas se le acumulan a Artur Mas, que hace un mes se vio obligado a convocar una cumbre contra la corrupción para tratar de lanzar un mensaje positivo a la ciudadanía. El presidente no solo lidera un Gobierno inestable por la posición de Esquerra, sino que no logra salir del atolladero económico en el que están las finanzas de la Generalitat, ahogadas por la deuda y el déficit, y no acaba de perfilar cómo conseguirá celebrar la consulta soberanista el año que viene. Por ello y en vista de que el momento es delicado, CiU y el Ejecutivo autonómico cerraron filas en torno a Oriol Pujol y asumieron su decisión sin fisuras, a pesar de que las relaciones entre Pujol y el democristiano Duran Lleida son tensas desde hace un tiempo. De manera provisional, tres de los hombres fuertes de Convergència -Jordi Turull, Josep Rull y Lluís Corominas- asumirán las funciones orgánicas de Pujol. Turull será el referente parlamentario, y Rull y Corominas compartirán las tareas de la secretaría general.