La hija mayor del rey compró en el 2007 una empresa de asesoramiento financiero que, pese a los desmentidos oficiales, aún sigue activa
21 mar 2013 . Actualizado a las 22:40 h.José Manuel Romero, según él mismo, no solo intentó abortar las aventuras empresariales de Iñaki Urdangarin en el Instituto Nóos. Solo uno meses después de ocuparse en el verano del 2006 de que los duques de Palma abandonaran, al menos sobre el papel, la institución acusada de desviar seis millones de dinero público, el conde de Fontao tuvo que repetir actuación con otro miembro de la familia real, la infanta Elena.
Según declaró el martes el asesor legal del rey ante el juez del caso Nóos, José Castro, él en persona se ocupó de frenar en otoño del 2007 los planes empresariales de la hija mayor de los reyes poco después de separarse. El conde de Fontao le habría recomendado no embarcarse en negocios privados y cerrar su empresa y, ella, en teoría, habría seguido las indicaciones del aristócrata, de acuerdo a su declaración ante el juez.
Pero el registro mercantil desmiente la versión de Romero. Efectivamente, la infanta compró el 10 de agosto del 2007, un mes antes de que la Zarzuela anunciara el «cese temporal de la convivencia» del matrimonio Marichalar-Borbón, la empresa Global Cinoscéfalos S.L., hasta entonces una mercantil durmiente que tenía como objeto social el «asesoramiento en materias económica, contable y financiera», y que tenía como sede social un despacho de abogados.
Tras publicarse a finales del 2007 que la infanta, maestra de profesión, se había lanzado al asesoramiento financiero al comprar como «accionista al 100 %» la firma, la Casa Real se apresuró a anunciar que la hija de don Juan Carlos había iniciado los trámites para «liquidar» y «disolver» esa consultora. Pero no fue así.
Lo que ocurrió en esas fechas en las que intervino el conde de Fontao es que Elena de Borbón siguió siendo «socia única» de esa empresa, destituyó a los cargos que figuraban en la junta directiva, entre ellas la persona que le vendió la firma, un administrador de empresas, y nombró como administrador único de Cinoscéfalos a Carlos García Revenga, el secretario de las infantas, imputado en el caso Urdangarin y que hasta meses antes había sido el tesorero de Nóos y miembro de su directiva. También fue nombrado apoderado, Javier García Revenga, hermano de Carlos.
Fuentes de la investigación explicaron ayer que Cinoscéfalos, que a los ojos de la Administración no desarrolla actividad alguna, cayó en el olvido hasta que el año pasado la Agencia Tributaria reclamó una deuda de 500 euros a la infanta en concepto de cánones no satisfechos de la empresa a las administraciones. Según publicó entonces Cinco Días, el portavoz de la Casa Real, Javier Ayuso, admitió que «la sociedad nunca se liquidó». «Cometimos un error, los abogados de la infanta Elena dieron por hecho que el departamento jurídico de la Casa Real se encargaría de los trámites legales pertinentes para proceder a la liquidación formal, legal y efectiva de la compañía, y este departamento pensó que quienes se encargarían de hacerlo eran los asesores legales de la infanta Elena; pero nadie lo hizo», explicó Ayuso, que prometió que, una vez liquidada la deuda, la polémica sociedad desaparecería. Pero tampoco eso es cierto.
A día de hoy, Cinoscéfalos, según el registro mercantil, sigue activa a pesar del escándalo de Nóos y siguen al frente de la misma la infanta Elena y los hermanos García Revenga. «La sociedad no ha depositado las cuentas anuales de varios ejercicios en el registro mercantil, lo cual impide conocer cuáles han sido los resultados (si ha habido pérdidas o beneficios) o cual es la situación patrimonial y financiera en su conjunto», señala la consulta de la bases de datos hecha ayer.